Un juez federal falló el lunes que el gobierno del presidente Donald Trump opera en el marco de su autoridad en torno a las separaciones de familias migrantes que son detenidas en la frontera sur de Estados Unidos, con lo que rechaza los argumentos de que las autoridades federales retomaban prácticas que provocaron una condena a nivel internacional.
La Unión Americana de Libertades Civiles argumentó que el gobierno separaba a las familias por acusaciones dudosas y transgresiones menores, incluidas infracciones de tránsito. En julio, le pidió al juez que emitiera un fallo sobre si el gobierno tenía la justificación para separar a 911 niños en el primer año que transcurrió desde que el juez puso fin a la práctica generalizada en junio de 2018.
El juez federal Dana Sabraw señaló que no se sentía cómodo cuestionando las decisiones del gobierno para separar a las familias por motivos de que los padres fueron considerados como no aptos o peligrosos, o por otras circunstancias como antecedentes criminales, enfermedades transmisibles o dudas sobre su paternidad. No encontró ninguna prueba de que el gobierno estuviera abusando de sus facultades.
“Es una invitación que es potencialmente masiva en cuanto a su alcance. Invade un área que está dentro de la competencia del poder ejecutivo para proteger la frontera del país, y va más allá de la certificación y medidas cautelares de este tribunal, que se enfocaron en la práctica del gobierno de separar familias en la frontera para reducir la inmigración y no reunificar a esas familias”, escribió Sabraw en una decisión de 26 páginas.
Fue inusual que el juez de San Diego fallara a favor del gobierno. En junio de 2018 suspendió la práctica del gobierno de separar familias para frenar la inmigración ilegal y ordenó que las familias que habían sido separadas fueran reunidas rápidamente. La falta de sistemas de rastreo en ese momento hizo que la reunificación fuera una labor monumental.
