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Gobierno de EE.UU. apelará prohibición de deportar a niños no acompañados


Yafa Dias sostiene una pancarta en una manifestación pidiendo una reforma inmigratoria en Nueva York a inicios de noviembre. Los participantes pidieron al presidente electo Joe Biden que reforme el sistema inmigratorio.

Desde marzo, EE.UU. ha deportado a unas 200.000 personas, incluidos unos 8.800 menores de edad no acompañados, a los cuales no se les permitió pedir asilo ni hablar con un abogado.

El gobierno de Estados Unidos apeló el miércoles una orden de un juez prohibiendo las expulsiones de niños inmigrantes que cruzan la frontera solos, una política adoptada durante la pandemia del coronavirus para negarle a los niños la protección de solicitantes de asilo.

Por petición de defensores de los inmigrantes, el juez Emmet Sullivan emitió una suspensión preliminar el 18 de noviembre que bloqueaba las deportaciones de menores no acompañados bajo la leyes de salud pública.

El Departamento de Justicia presentó un recurso el miércoles ante la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia. También pidió al juez Sullivan que emitiera una anulación de la suspensión preliminar mientras se procesa la apelación, una solicitud que el juez ya había rechazado.

Desde marzo, agentes fronterizos han deportado a unos 200.000 inmigrantes adultos y niños citando la pandemia y una necesidad de evitar el avance del virus, aunque el COVID-19 se está esparciendo ampliamente en las comunidades fronterizas y el país en general.

La orden de Sullivan solo cubre a niños que cruzan la frontera sin un padre y no a adultos o padres y niños. Al menos 8.800 niños no acompañados han sido expulsados sin la oportunidad de buscar las protecciones del asilo o sin poder hablar con un abogado. La mayoría de las personas han sido expulsadas horas o días después de llegar, aunque la administración Trump detuvo a cientos de niños durante semanas en hoteles cercanos a la frontera hasta que otro juez prohibió la práctica.

El presidente electo Joe Biden ha dicho que revertirá varios de los programas de inmigración del presidente Donald Trump cuando asuma la presidencia en enero.

Al presentar su apelación el miércoles por la noche, el Departamento de Justicia citó el avance del coronavirus en comunidades fronterizas en Arizona y Texas. Advirtió que la orden de Sullivan “muy posiblemente tendrá un impacto irreversible en la salud pública” al poner presión sobre la capacidad de los hospitales y forzar al gobierno a mover a niños y adolescentes “posiblemente infectados” a través de los aeropuertos.

La agencia de noticias Associated Press reportó el 3 de octubre que altos oficiales de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) se resistieron a emitir una declaración de emergencia permitiendo las expulsiones de inmigrantes porque carecía de un fundamento de salud pública, pero que el vicepresidente Mike Pence ordenó a la agencia proceder con la misma.

Defensores migratorios que buscaron la prohibición a las deportaciones dicen que el gobierno tiene la capacidad para proteger a niños y agentes fronterizos de forma simultánea. Argumentaron que la administración Trump está usando la pandemia como un pretexto para afectar a los inmigrantes.

"No hay fundamento para permitir esta política cruel y sin precedentes, dado el daño que estos jóvenes niños afrontarían si fuesen regresados y las formas disponibles para albergar seguramente a los niños”, dijo Lee Gelernt, un abogado de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, en un correo electrónico.

Especial de la VOA

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