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Colombia deberá reconocer como "víctimas" a los menores reclutados por las guerrillas


Conferencia de prensa de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre el reclutamiento de niños durante las casi seis décadas de conflicto interno del país, en Bogotá, Colombia, el 10 de agosto de 2021.

El gobierno colombiano tiene 15 días hábiles para hacer un pronunciamiento público sobre la decisión tomada por la sección de Apelación de la JEP.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó al gobierno colombiano reconocer como "víctimas" a los menores de 18 años que fueron reclutados forzosamente o usados durante el conflicto armado en Colombia.

La decisión se da después de que varias organizaciones interpusieron una solicitud de medidas cautelares, en abril de 2021, debido a las declaraciones del exministro de Defensa Diego Molano, al referirse a 12 menores de edad que murieron en un bombardeo de la Fuerza Pública en Guaviare, en marzo de 2021, contra un presunto campamento de alias Gentil Duarte, líder de un grupo residual de las extintas FARC.

Molano dijo, en ese entonces, a la cadena Blu Radio que “la discusión aquí no es la legitimidad de nuestra fuerza pública para desarrollar estas operaciones, sino cómo las disidencias de las FARC siguen reclutando a estos jóvenes y los convierten en máquinas de guerra”.

En principio, el 14 de julio de 2021, la Sala de Reconocimiento de la JEP no concedió las medidas cautelares solicitadas por las organizaciones, al señalar que el recurso no dejaba claro cuáles fueron las afectaciones concretas a los derechos de las víctimas, a causa de los pronunciamientos del exministro.

La decisión fue impugnada y este jueves concluyó que “existe un riesgo urgente derivado de las declaraciones" del exministro y "amerita la adopción de medidas que se dirijan a eliminar los discursos justificativos por parte de funcionarios públicos que ponen en riesgo la materialización de los derechos de las víctimas de reclutamiento y utilización para el conflicto armado por parte de las antiguas FARC”.

De esta manera, el gobierno debe pronunciarse, de manera pública, en un plazo de 15 días, para reconocer expresamente la calidad de víctimas de los menores.

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