La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, volvió a recibir un revés legal en su intento por aplicar la polémica ley de inmigración que decretó en 2010.
La ordenanza de Brewer prohíbe a personas obstruir el tránsito cuando buscan u ofrecen mano de obra en las calles, refiriéndose específicamente a los llamados jornaleros, generalmente hispanos que se agrupan en distintos puntos para ser contratados por cualquier persona, en busca de hacer algo de dinero.
La Corte de Apelaciones del Noveno Distrito confirmó la decisión de una jueza quien en febrero de 2012 rechazó los argumentos de que era necesario normar el trabajo de los jornaleros para el bien de la seguridad vial.
Los grupos que se oponían a la ley argumentaron que la disposición de la gobernadora Brewer, sobre los jornaleros, suponía una restricción inconstitucional al derecho de libertad de expresión de las personas que desean manifestar su necesidad de conseguir trabajo.
Otra sección de la ley de Arizona, permite a la policía preguntar a las personas sobre su condición migratoria, si considera que se encuentran de forma ilegal en el país. La medida provocó un éxodo en 2010 y desestabilizó la economía local.
Otros aspectos de la ley, como la normativa que prohíbe a los inmigrantes que tienen permiso para trabajar que puedan sacar su licencia de conducir, siguen siendo discutidos en la corte de ese estado sureño.
La ordenanza de Brewer prohíbe a personas obstruir el tránsito cuando buscan u ofrecen mano de obra en las calles, refiriéndose específicamente a los llamados jornaleros, generalmente hispanos que se agrupan en distintos puntos para ser contratados por cualquier persona, en busca de hacer algo de dinero.
La Corte de Apelaciones del Noveno Distrito confirmó la decisión de una jueza quien en febrero de 2012 rechazó los argumentos de que era necesario normar el trabajo de los jornaleros para el bien de la seguridad vial.
Los grupos que se oponían a la ley argumentaron que la disposición de la gobernadora Brewer, sobre los jornaleros, suponía una restricción inconstitucional al derecho de libertad de expresión de las personas que desean manifestar su necesidad de conseguir trabajo.
Otra sección de la ley de Arizona, permite a la policía preguntar a las personas sobre su condición migratoria, si considera que se encuentran de forma ilegal en el país. La medida provocó un éxodo en 2010 y desestabilizó la economía local.
Otros aspectos de la ley, como la normativa que prohíbe a los inmigrantes que tienen permiso para trabajar que puedan sacar su licencia de conducir, siguen siendo discutidos en la corte de ese estado sureño.
