Un juez federal conservador de Texas dictaminó el viernes "inconstitucional" la Ley de Cuidado de Salud Asequible promulgada por el presidente Barack Obama.

El fallo sobre el también llamado Obamacare fue emitido la víspera de que venza el plazo para contratar pólizas para el año entrante. Se espera que los que defienden la ley de salud de Obama apelen el dictamen por lo que la Casa Blanca indicó que la ley seguirá vigente hasta culminar el litigio.

En su decisión de 55 páginas, el juez de distrito Reed O'Connor afirmó que la reforma fiscal del año pasado eliminó el fundamento constitucional de la ley al derogar una sanción por no tener seguro de gastos médicos. El resto de la ley no puede ser separada de dicha cláusula y por lo tanto es inválida toda la ley, escribió.

“El fallo equivocado de hoy no nos desalentará: nuestra coalición seguirá luchando por la salud y el bienestar de todos los estadounidenses", dijo Xavier Becerra, secretario de Justicia de California, que encabeza una coalición de estados que defienden el Obamacare.

El presidente Donald Trump afirmó en un tuit que el Congreso debe aprobar una nueva ley.
“Como lo pronostiqué todo el tiempo, ¡el Obamacare ha sido derogado como un desastre inconstitucional!", tuiteó el mandatario. `”Ahora el Congreso debe aprobar una ley fuerte que proporcione una atención magnífica de la salud y proteja (a la gente) con enfermedades preexistentes".

Sin embargo, es improbable que el Congreso actúe mientras el caso siga en los tribunales. Numerosos legisladores republicanos de alto rango han dicho que no pretenden derogar cláusulas populares, tales como la protección a las personas con enfermedades preexistentes cuando rechazaron las sanciones previstas en el Obamacare para la gente que sí puede pagar una cobertura, pero decide no asegurarse.

De todas maneras, la representante demócrata Nancy Pelosi, que se espera se convierta en presidenta de la Cámara de Representantes en enero, se comprometió a luchar contra lo que consideró “un fallo absurdo". Dijo que la cámara baja “actuará rápidamente para intervenir formalmente en el proceso de apelaciones para mantener las protecciones que salvan vidas para la gente con enfermedades preexistentes y rechazar el esfuerzo de los republicanos por destruir la Ley de Cuidado de Salud Asequible".

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, afirmó: “Esperamos que este fallo será apelado ante la Corte Suprema. Mientras se lleva a cabo el proceso de apelación, la ley sigue vigente".

El experto legal Timothy Jost, partidario de la ley de salud, dijo que el fallo de O'Connor repercutiría en casi todos los estadounidenses si permanece como está. Si todo el Obamacare es invalidado, las populares cláusulas que respaldan a los beneficiarios del Medicare -el servicio de atención médica gubernamental para los adultos mayors- y a la gente con cobertura pagada por sus empleadores también serían canceladas. Eso podría incluir la sección que les permite a los padres mantener a sus hijos adultos jóvenes dentro de su misma cobertura hasta que cumplan 26 años.

Unas 20 millones de personas han obtenido cobertura de gastos médicos desde que la ley fue aprobada en 2010 sin un solo voto de los republicanos. En la actualidad, aproximadamente 10 millones de individuos tienen seguros privados subsidiados a través de los mercados de seguros de la ley de salud, mientras que unas 12 millones de personas de bajos ingresos están cubiertas por medio de la expansión del Medicaid, el servicio de gastos médicos para las personas pobres.

El sábado vence el plazo para inscribirse a los planes privados para el 2019 a través del sitio web HealthCare.gov. Mientras tanto, se espera que diversos estados avancen con la expansión del Medicaid después de las victorias demócratas en las elecciones de medio período.

Si el caso llegara a la Corte Suprema sería la tercera vez que los jueces sopesan impugnar cláusulas fundamentales de la ley. Los opositores al Obamacare perdieron los primeros dos casos.

Los cinco jueces que respaldaron la ley de salud en 2012 en el primer caso grande -el magistrado principal John Roberts y los cuatro liberales del máximo tribunal- siguen en sus puestos.

Desde entonces, la opinión pública acerca de la ley ha cambiado de negativa en su mayor parte a favorable en general.