La legislación laboral del chavismo promovió derechos, pero su efectividad y cumplimiento sigue en entredicho

Venezuela vivió el pasado 1 de mayo, como la mayoría de los países, el Día Internacional de los Trabajadores. Mientras miles de personas se manifestaban en las calles para exigir mejores salarios y condiciones, en las transmisiones del oficialismo primaron las intervenciones y actos encabezados por sus dirigentes.

El vicepresidente y diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, reivindicó en una de ellas el cambio de legislación laboral con el chavismo: “El comandante Chávez no solo firmó, sino que cumplió su palabra de devolverle a los trabajadores y trabajadoras todos los derechos que les habían sido robados por ese acuerdo tripartito”.

Cabello hablaba de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT) de 2012, que remplazó a la de 1991. Esta había sustituido a su vez a la de 1936, reformada ocho veces.

El “acuerdo tripartito” fue la reforma en 1997 del Gobierno de Rafael Caldera, la Federación Venezolana de Cámaras de Comercio y Producción (Fedecámaras) y la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), en plena crisis financiera.

En su discurso, el dirigente chavista centró ese “robo” en la eliminación de la retroactividad en el cálculo de las prestaciones, cambio principal de aquella reforma. Sin embargo, pese a la mayor amplitud de la LOTTT, la Organización Mundial del Trabajo, datos de la situación laboral y reclamos de los sindicatos o la patronal cuestionan su efectividad y cumplimiento.

Una ley acorde a la Constitución bolivariana

La Constitución de Venezuela de 1999 reconoce en su artículo 88 el “derecho al trabajo y el deber de trabajar”, “la igualdad y equidad de hombres y mujeres” en su ejercicio en el 89 y el trabajo como “hecho social” que el Estado garantizará en el artículo 90.

El 86, además, establece que “toda persona tiene derecho a la seguridad social como servicio público”, el 91 el derecho a un salario “que permita vivir con dignidad” y el 92 a “prestaciones sociales que les recompensen la antigüedad en el servicio y los amparen en caso de cesantía”.

En línea con esos artículos, el Gobierno del fallecido expresidente Hugo Chávez, quien llegó al poder ese año, tomó desde medidas inmediatas, como la anulación de la liquidación del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, hasta otras posteriores, como la propia LOTTT.

Esta ley contempla las relaciones de trabajo, sus condiciones, modalidades especiales y la “justa redistribución de la riqueza”, la formación de los trabajadores, la “protección integral de la familia”, “la participación protagónica de los trabajadores y sus organizaciones sociales”, instituciones, sanciones y disposiciones transitorias.

Además de retomar la retroactividad para las prestaciones, redujo la semana laboral a 40 horas, amplió la licencia de maternidad a seis meses y medio, con seis semanas previas al parto, y duplicó la indemnización por despido injustificado, entre otras modificaciones.

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La tesis doctoral de 2013 “Los derechos laborales en el constitucionalismo venezolano”, de Leonor Antonio Aular Viamonte en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de España, concluía entonces que la LOTTT “confirma la constitucionalización de los derechos laborales y su relación inescindible con los demás derechos fundamentales”. Todo a través de lo que implicaba reconocer el trabajo como hecho social y el deber de su protección estatal.

Con ello, continúa la investigación, esta ley propició “la amplitud y complejidad de estos derechos por colocar la condición del trabajador más allá de sus relaciones dentro de la empresa y ubicarlo en su condición ciudadana, reafirmando y reforzando con ello la relación no escindible con los demás derechos fundamentales”. El Gobierno consideró en su día a la LOTTT como la “primera ley en el tránsito y en la construcción del socialismo”.

Cuestionamientos de entrada y sucesivos

Chávez, no obstante, había sacado adelante su promesa amparado en otra ley de 2010 que le permitía gobernar por decreto, sin la Asamblea Nacional. Aunque debía pasar por el Tribunal Supremo de Justicia al ser una ley orgánica y el entonces presidente la promovió como la más debatida en la historia del país, la LOTTT no se negoció al menos con los empresarios, según el propio oficialismo y como establece la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Respecto a los trabajadores, el chavismo había incluido a la CTV, fundada en 1936, ligada al partido Acción Democrática y que tenía ese monopolio de representación, en el establecimiento que enfrentaba cuando llegó y se consolidó en el poder. Desde entonces, el Gobierno de Chávez promovió iniciativas como la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) para consolidar a su favor un sindicalismo que sigue disgregado.

De hecho, según recogió la agencia EFE, la CTV emitió un comunicado el pasado Primero de Mayo en el que llamaba a la unidad de los trabajadores y denunciaba los “salarios miserables”, “sin seguridad social, sin prestaciones sociales, sin fondos de ahorros, sin respeto a la contratación colectiva”.

En Venezuela, el último decreto de aumento del salario mínimo es del 15 marzo de este año: lo aumentaba al equivalente entonces a 29,28 dólares, o 0,98 centavos de dólar diarios, menos del 1,90 que fija el Banco Mundial como línea de pobreza por rango de ingresos.

Pese a la protección que abarca, los ámbitos de la LOTTT y las condiciones de los trabajadores no han escapado de la crisis económica que Venezuela vive desde 2013. El aumento del empleo vulnerable ha sido constante, de acuerdo con datos del Banco Mundial a partir de estimaciones de la OIT. Esta categoría, que agrupa a los trabajadores familiares no remunerados y a los autónomos respecto al total, pasó del 32 % en 2012 al 42 % en 2021.

Mientras tanto, el desempleo se habría multiplicado en el mismo periodo desde casi el 8 %, según el Instituto Nacional de Estadística, a más del 50 % entre 2020 y 2021, agravado por la pandemia, de acuerdo con estimaciones del Fondo Monetario Internacional.

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Por su parte, organizaciones civiles han recogido durante años la falta de efectividad y cumplimiento de la LOTTT. Acceso a la Justicia, que monitorea su administración y el Estado de derecho en Venezuela, hizo alusión en 2017 a la sentencia de la Sala Constitucional del TSJ sobre un recurso de revisión interpuesto a otra sentencia de un tribunal regional.

Apuntaba al artículo 512, referente a las Inspectorías de Trabajo, que “si bien constituyó un importante, [...] podría complementarse con la ampliación o revisión de las competencias legalmente establecidas”, sobre todo para el “pago de salarios caídos de los trabajadores”.

En 2020, sobre otro recurso de trabajadores que reclamaban una indemnización, Acceso a la Justicia resumía que “aunque [el TSJ] reconoció el incumplimiento de las cláusulas, argumentó que no pueden ser indemnizadas con dinero, porque así no fue pactado en el contrato y porque la LOTTT señala que el bienestar no proviene solo de lo económico”. Lo anterior, según la organización, contrariaba a jurisprudencia del propio Tribunal.

Monitor Sindical, una “plataforma unitaria de articulación de la acción y la denuncia de las organizaciones sindicales y gremiales autónomas de Venezuela”, publicó en 2021 el documental El naufragio de los trabajadores, en el que académicos y sindicalistas analizaban la situación de los derechos laborales violentados en Venezuela.

Con una decena de testimonios, el documental denuncia la destrucción del empleo productivo en el país a la luz de un movimiento sindicalista que, a diferencia de Europa, no surgió antes sino a partir de los partidos.

Sobre la LOTTT, la investigadora Keta Stephany recuerda que la población no se enteró de las consultas que la comisión del Gobierno aseguró haber realizado para elaborarla, mientras que la abogada y docente Jacqueline Richter la tilda de “autoritaria” y sostiene que “niega el derecho a la negociación colectiva”.

Diálogos en tiempos de crisis

Por el camino, la Comisión de Encuesta de la OIT presentó en 2019 el informe “Por la reconciliación nacional y la justicia social en la República Bolivariana de Venezuela”, como respuesta a una queja de 33 empleadores delegados contra el Estado. Denunciaban la “inobservancia” de los convenios 26, sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos; 87, sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, y 144, sobre la consulta tripartita, tres de las decenas que el país ha ratificado.

El documento alertaba el hostigamiento a Fedecámaras, sus afiliados y a organizaciones de trabajadores no afines al Gobierno; impunidad respecto a la violencia, amenazas, persecución, estigmatización o intimidación; el favoritismo o promoción de organizaciones paralelas, o la falta de diálogo social y consulta tripartita para fijar el salario mínimo. En ese sentido, recomendaba mejorar el clima para las actividades de empresas y trabajadores, respetar la autonomía de las organizaciones y retomar los diálogos con las partes.

Ese diálogo llegó a finales del pasado mes de abril, cuando el Gobierno de Nicolás Maduro, empleadores y sindicatos se sentaron en un foro con apoyo de la OIT para resolver las cuestiones pendientes sobre los convenios 26, 87 y 144 “en la legislación y en la práctica”, en palabras del director general, Guy Ryder.

Sin embargo, mientras que desde Fedecámaras salieron satisfechos con los acuerdos alcanzados y esperan una comisión de la OIT en septiembre para darles continuidad y seguimiento, los sindicalistas de la UNT y la Confederación de Sindicatos Autónomos (Codesa) consideraron que no hubo avances.

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