Muchos guatemaltecos creen que sí habrá elecciones el 20 de agosto en el país, pero no descartan más sobresaltos en este mes antes de acudir a las urnas, ni después del conteo de votos donde uno de los dos contendientes -Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla, y Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE)- se hará con la victoria para llevar las riendas del Ejecutivo a partir de enero de 2024.
Desde Guatemala, Manfredo Marroquín, de la organización Acción Ciudadana, que trabaja en asuntos de combate a la corrupción como parte de Transparencia Internacional, le dice a la Voz de América que la invalidación de la terna presidencial de Bernardo Arévalo y su Movimiento Semilla parece “cuesta arriba” –al menos hasta el día de la elección- para el Ministerio Público, dirigido por la fiscal general Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos.
Para este analista, la segunda vuelta presidencial en este “turbulento proceso” sería apenas el medio camino, a razón de lo que podría venir después de los comicios, al considerar el empeño en la judicialización del proceso.
Las acciones de la semana pasada mantuvieron al país en vilo durante dos días por la solicitud del Ministerio Público —con el apoyo del juez Fredy Raúl Orellana, incluido este miércoles por Estados Unidos en la Lista Engel— de intentar cancelar al Movimiento Semilla, que resultó ganador del pase a la segunda vuelta en un inesperado resultado en las votaciones generales del 25 de junio.
“Creo que el riesgo de exclusión del candidato Arévalo, que se ha intentado por varias vías por parte del gobierno y sus aliados, ya se ha descartado. Creo que tenemos la seguridad de tener una segunda vuelta el 20 de agosto”, opina Marroquín.
Sin embargo, no descarta “riesgos” al continuar la investigación sobre la cancelación del Movimiento Semilla por parte de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) dirigida por el fiscal Rafael Curruchiche, también sancionado en 2022 por el Congreso de EEUU.
Esas acciones llevaron este viernes al allanamiento de la sede del partido, que la FECI justificó como parte de su trabajo para "obtener indicios que fortalezcan la investigación respetando lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad en amparo provisional” del proceso abierto contra Semilla el 12 de julio reciente.
El allanamiento deriva de una investigación de la FECI sobre presuntas irregularidades en el registro de más de 5.000 nombres en las actas del Movimiento Semilla, una acusación rechazada desde el partido y que ha sido recibida con recelo por parte de la comunidad internacional y grupos de derechos humanos.
Las previsiones de Marroquín coinciden con las del jefe de la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (MOE/OEA), Eladio Loizaga, que al presentar su informe preliminar sobre el proceso electoral en Guatemala, ante el pleno del organismo en Washington, planteó los retos que podrían darse en los próximos días en el marco de una campaña electoral marcada por la “extrema judicialización”.
“La Misión mantiene su preocupación de cara a lo que resta del desarrollo de este proceso electoral. Preocupa la falta de certeza jurídica, la posibilidad de la descalificación arbitraria de alguna de las opciones que emanaron del voto el 25 de junio, los efectos de las investigaciones penales a los militantes partidistas, y la polarización que se ha profundizado en las últimas semanas”, dijo el miércoles el diplomático paraguayo, a quien se le ha encomendado vigilar los comicios del país centroamericano.
Loizaga también consideró que hay “un abuso de los instrumentos legales” por parte de actores insatisfechos con la voluntad popular de los guatemaltecos, lo que introduce un “alto grado de incertidumbre” a la situación de país y que pone en riesgo la “estabilidad democrática” de Guatemala.
Los sobresaltos luego del conteo de los votos del 25 de junio “no se pueden repetir de cara a la segunda vuelta electoral, ni en la etapa posterior al 20 de agosto”, acotó el jefe de misión.
Acción del TSE contra operadores de justicia
Al faltar un mes para abrir las urnas, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) movió una ficha más para poner "en firme" -según explicó en un comunicado- su compromiso por la institucionalidad democrática.
En un amparo presentado ante la Corte de Constitucionalidad ha pedido que se impida a la fiscal general Consuelo Porras, a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Silvia Valdés Quezada, y otros seis funcionarios judiciales continuar atentando contra el proceso electoral porque existe una “amenaza cierta, futura e inminente" de esos funcionarios al Estado democrático de derecho de Guatemala.
El TSE considera que las acciones del Ministerio Público y la FECI atentan contra el proceso democrático y el mandato constitucional de la institución rectora de las elecciones, por lo que "condena las acciones desproporcionadas, intimidatorias y con exceso de fuerza con que han actuado las diferentes autoridades".
La acción de TSE se presentó mientras la sede del Movimiento Semilla era tomada desde la mañana de este viernes en un allanamiento sorpresa realizado por fiscales y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), lo que evidenció un paso más en la escalada contra el proceso institucional y el partido político que compite en la segunda vuelta presidencial.
El líder de la formación y candidato presidencial Bernardo Arévalo salió al paso al calor de los hechos y dijo que el allanamiento es la "demostración flagrante de la persecución política que hemos denunciado. No les importa nada y no se van a detener, pero nosotros tampoco nos detendremos", dijo el político en su reacción a los hechos.
Se complicaría gobernabilidad
Para Manfredo Marroquín, la cuestión más compleja al revisar los escenarios posibles sería ver cómo se encaminaría la gobernabilidad del país ante un hipotético triunfo de Bernardo Arévalo y el Movimiento Semilla, cuya investigación sigue en curso por parte del Ministerio Público, luego que la Corte de Constitucionalidad emitiera un amparo para continuar hacia la segunda vuelta, pero dejara abierta la investigación contra el partido.
También el juez Orellana ha continuado su cruzada al solicitar al Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) con una orden expresa a cumplirse en dos horas, que le informaran de las razones por las que no se ha cumplido su sentencia de cancelar la personería jurídica de Semilla.
Marroquín cree que el apoyo en las urnas se decantará en mayoría por Arévalo, dado que su oponente Sandra Torres ha tenido “un desempeño muy bajo en las segundas vueltas” en comicios anteriores, “por el nivel de rechazo que ella tiene con el antivoto”; como sucedió en 2018.
Este año Torres se hizo del 15 % de los votos válidos, pero con un 10 % menos que lo logrado en 2018 para competir contra Alejandro Giammattei que le ganó la partida.
La preocupación es que “lo que nosotros llamamos el ‘pacto de corruptos’ en Guatemala siga controlando las cortes, eso si va seguir siendo una amenaza para la gobernabilidad y es muy probable que la persecución contra Semilla y el candidato Arévalo sigan después de que este pueda ser electo presidente el 20 de agosto, esto apenas empieza”, dijo Marroquín a VOA al vaticinar los escenarios.
Pero considera que las acciones son cada vez más "arriesgadas" y que los que atentan contra la institucionalidad del país "están jugando con fuego".
¿Qué se puede esperar?
En Washington, la exfiscal general de Guatemala, Thelma Aldana, quien fue la primera candidata presidencial del Movimiento Semilla en 2018, y la primera en ser excluida por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) luego que el Ministerio Público levantara una investigación penal en su contra, cuando la favorecían las encuestas, habla con VOA sobre “la artimaña" para sacarla de competencia y que funcionó en esta contienda.
La fórmula iniciada en su contra –dice- se aplicó este año contra tres candidaturas que fueron canceladas una tras otra por orden judicial tras despuntar en las preferencias electorales antes de los comicios; a Bernardo Arévalo le favoreció que aparecía relegado en un sexto o séptimo lugar en preferencias ante otros contendientes tradicionales.
“Mientras Consuelo Porras sea fiscal general se puede esperar cualquier maniobra ilegal para favorecer el sistema capturado, cualquier maniobra la puede hacer, sabemos que ella está designada en la Lista Engel por sus acciones corruptas y antidemocráticas y ha demostrado con la criminalización que nos ha hecho a nosotros los operadores de justicia anticorrupción de lo que es capaz, así que pueden esperar lo peor”, apunta.
En los casos criminales levantados en contra de operadores de justicia, algunas apresados en Guatemala y otros en el exilio, “han falseado los hechos y nos han implantado pruebas, a partir de ahí se pueden sacar conclusiones” de lo que puede pasar en los días que faltan de este proceso electoral, opina Aldana.
Aldana encabezó como titular del Ministerio Público las investigaciones contra la estructura criminal enraizada en el Estado guatemalteco conocida como “la línea” que llevó a apresar a la exvicepresidenta Roxana Baldetti, y luego a encausar al presidente Otto Pérez Molina, en 2015.
Aldana cree que la reserva moral de la sociedad civil guatemalteca “con conciencia” es el escollo principal al que se enfrenta estos días, “lo que llamamos el pacto de corruptos”.
Porque “cada vez les cuesta más sostener ese sistema que como es manipulado, no tiene la fortaleza para avanzar. A partir de 2015, con los casos que trabajamos entre el Ministerio Público y la CICIG (Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala), la población adquirió conciencia ciudadana, y esa conciencia sigue ahí”, apunta.
Aldana matiza que el llamado del candidato Arévalo a trabajar con los guatemaltecos que han sido exiliados por combatir la corrupción demuestra “un compromiso con la transparencia” y es “consecuente” al sentir de la ciudadanía que atraviesa este proceso electoral en una especie de hartazgo por los vaivenes que han tenido las elecciones.
La Fiscalía General, ante la reacción de la sociedad civil la semana pasada con el apoyo unánime a la institucionalidad democrática del país, dijo en un comunicado que “las actuaciones del Ministerio Público no tienen como finalidad interferir en la fecha de la realización de la segunda vuelta electoral ni inhabilitar la participación de ningún candidato al balotaje”, pero que las investigaciones continúan.
Vista desde el exterior
En analista Eric Olson, de Seattle Foundation, comenta en Washington a VOA que estos días es imposible pasar por alto las elecciones de Guatemala que se han convertido en “un proceso interesante para la comunidad internacional” porque al principio habían muchas opiniones dispersas.
No obstante, los hechos más recientes y sobre todo las acciones judiciales de la semana pasada han unificado un criterio de la observación desde el exterior y con capacidad de influir para que se respete el debido proceso.
Esos hechos “han unificado a la comunidad internacional en favor de la democracia y pidiendo respeto al proceso electoral tras la votación de los guatemaltecos y pidiendo que la segunda ronda se diera como dice la ley”, dice Olson
Para este analista una carta firmada esta semana por expresidentes del continente americano de distintas tendencias políticas deja ver que hay un consenso que “no es una cuestión de algo de izquierda apoyando este proceso, no es algo más”.
“De alguna manera, aunque no lo dicen directamente, dejan claro que no hay apoyo a lo que hace el Ministerio Público, que no hay apoyo a esos intentos a estas alturas de descalificar a Bernardo Arévalo o al Movimiento Semilla”, opina Olson.
Las cuatro semanas que quedan para acudir a las urnas son determinantes porque hay que “asegurar y guardar las formas y mantener la legalidad del asunto”, eso implica vigilar al Ministerio Público y los jueces ante eventuales búsquedas de “alternativas ilegales para interrumpir el proceso electoral”, dice.
La excanciller de Chile y expresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Antonia Urrejola dijo en un artículo de opinión publicado por El País que “no nos olvidemos de Guatemala” pues el proceso eleccionario continúa.
“Debemos seguir alertando a la comunidad internacional que los últimos hechos amenazan uno de los cimientos básicos de la democracia, el respeto de la voluntad popular expresada en las urnas”.
En Guatemala el analista del Centro de Investigaciones Económicas Hugo Maul expresó en una entrevista con el matutito Prensa Libre que los guatemaltecos han entrado a un “terreno desconocido” de los últimos 40 años de convivencia democrática, lo que puede influir en el vital proceso económico del país.
La “inestabilidad política, conflicto entre instituciones y malestar social influye de manera negativa en las percepciones de certeza jurídica y en los negocios”, esto encadenado a una región centroamericana “convulsionada” por lo que no descarta que en el corto plazo situaciones como la de Guatemala “puedan salirse de control”.
“Eso se viene a sumar a una incertidumbre de geopolítica mundial, en una convulsionada región centroamericana y a una campaña proselitista, en la cual no me sorprendería que desde la perspectiva de los inversionistas haya mucha prudencia, por el temor de lo que pueda pasar y en ese sentido hay que reconocer que el mercado de los capitales financieros es muy temeroso”, advirtió el experto guatemalteco.
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