La necesidad de financiarse para subsistir y además perpetrar atentados, ha llevado a grupos terroristas alrededor del mundo a asociarse o implementar directamente acciones delincuenciales como el lavado de dineros, cultivo y tráfico de drogas o trata de personas.
Grupos como Hezbolá, a quien EE.UU. les incautó 150 millones de dólares este martes; la guerrilla de las FARC, en Colombia, que cultiva y trafica cocaína, o los carteles mexicanos de narcotráfico que participan en negocios relacionados con el tráfico de armas y lavado de dinero, han encendido la alarma sobre el enfoque jurídico desde el cual se deben combatir.
“En veinte años se ha recorrido un camino muy importante pero no hay que olvidarse que también en veinte años quienes se dedican a lavar el dinero, quienes se dedican a traficar de forma ilícita las drogas o quienes se dedican a delitos de crimen organizado también hacen una evolución de su propia forma delictiva de actuar”, señaló el funcionario de la OEA, Rafael Franzini, a la Voz de América.
Por eso, expertos coinciden en que se necesitan nuevas normativas legales para llegar al punto de origen desde donde se maneja la economía del crimen para ayudaría a lograr soluciones más eficientes.
Entidades como la ONU, la OEA o GAFISUD, un grupo de acción financiera en Suramérica, están actualizando sus recomendaciones para los países y Latinoamérica figura como una de las regiones que presta mayor atención a estas recomendaciones.
No obstante, la aplicación de medidas y actualización de normativas no va a la misma velocidad en toda la región. Según la ONU, los países de Centroamérica han sido más receptivos de estas recomendaciones que otras naciones, por lo que también hacen un llamado al trabajo conjunto en la lucha contra las redes del crimen.
Grupos como Hezbolá, a quien EE.UU. les incautó 150 millones de dólares este martes; la guerrilla de las FARC, en Colombia, que cultiva y trafica cocaína, o los carteles mexicanos de narcotráfico que participan en negocios relacionados con el tráfico de armas y lavado de dinero, han encendido la alarma sobre el enfoque jurídico desde el cual se deben combatir.
“En veinte años se ha recorrido un camino muy importante pero no hay que olvidarse que también en veinte años quienes se dedican a lavar el dinero, quienes se dedican a traficar de forma ilícita las drogas o quienes se dedican a delitos de crimen organizado también hacen una evolución de su propia forma delictiva de actuar”, señaló el funcionario de la OEA, Rafael Franzini, a la Voz de América.
Por eso, expertos coinciden en que se necesitan nuevas normativas legales para llegar al punto de origen desde donde se maneja la economía del crimen para ayudaría a lograr soluciones más eficientes.
Entidades como la ONU, la OEA o GAFISUD, un grupo de acción financiera en Suramérica, están actualizando sus recomendaciones para los países y Latinoamérica figura como una de las regiones que presta mayor atención a estas recomendaciones.
No obstante, la aplicación de medidas y actualización de normativas no va a la misma velocidad en toda la región. Según la ONU, los países de Centroamérica han sido más receptivos de estas recomendaciones que otras naciones, por lo que también hacen un llamado al trabajo conjunto en la lucha contra las redes del crimen.
