Sandra Aguilar tiene un puesto de prendas de ropa en uno de los mercados de pulgas más populares del sur de Florida. Lleva casi una década sirviendo a los cientos de clientes que diariamente pasan por este lugar, donde se concentran numerosos vendedores ambulantes que ofrecen productos de segunda mano, piezas de ropa, electrónica o incluso deliciosos platillos de los países latinoamericanos.
La mujer explica que desde hace más de un mes, sus entradas han bajado drásticamente. “Ha bajado demasiado, como un 70 u 80 % de la actividad, aproximadamente. ¿La razón? Es que muchos se han ido”, dice Aguilar en declaraciones a la Voz de América.
Según ella, muchos de sus clientes habituales, inmigrantes indocumentados que trabajan en el campo y la construcción principalmente, decidieron abandonar el estado por temor a las consecuencias de la ley SB 1718, firmada por el gobernador Ron DeSantis, que entró en vigor el 1 de julio.
La medida castiga duramente la migración irregular en Florida y, entre otras cosas, contempla penas de prisión por trasladar indocumentados al estado. Se imponen penas de hasta 15 años de privación de libertad si el indocumentado es menor de edad y de 5 si supera los 18 años.
Además, a partir de ahora, las empresas con más de 25 empleados en Florida deberán utilizar el sistema E-Verify para verificar el estatus legal de los nuevos trabajadores que contraten o, de lo contrario, corren el riesgo de ser multadas con 1.000 dólares diarios.
La ley también obliga a los hospitales a reportar trimestralmente al gobierno estatal los pacientes indocumentados que atienden. DeSantis aclaró que este punto tiene como objetivo contabilizar los recursos públicos que se destinan a los inmigrantes indocumentados.
Muchos grupos proinmigrantes habían avisado de las consecuencias que podría acarrear esta ley, ya que muchos inmigrantes sin papeles se estaban yendo del estado, atemorizados con la deportación al considerar que esta ley “era muy ambigua” y daba vía libre a los agentes a actuar de forma discrecional.
“Es un juego político entre los mismos políticos y nos agarran a nosotros de campana. Y eso no se vale, porque estamos viviendo con un gran estrés, con mucho miedo y no es justo de que él esté causando este pánico entre nuestra comunidad”, señaló Antonia Catalán, activista de la organización ¡Soy poderosa!, que ayuda a las mujeres migrantes de Estados Unidos a luchar por sus derechos.
France Montoya, una residente colombiana que vive cerca del mercado de pulgas de Homestead, reconoce a la VOA que en las últimas semanas se había menos flujo de visitantes.
“Suelo venir los domingos a este lugar, porque es mi día libre, y esto está muy muerto. Realmente no sé cuál es la razón, pero muchos apuntan que es por la situación migratoria, que mucha gente tiene miedo de que vengan agentes de inmigración a pedirles los papeles”, expresó la mujer.
La medida lleva casi dos meses en vigor, pero de momento el gobierno de Florida no ha dado cifras del número de afectados por esta nueva legislación y tampoco se ha dado a conocer el número de personas que podrían haber abandonado el estado después del 1 de julio.
“La verdad es que este país, si no fuera por los inmigrantes, no existiría, porque este país está hecho de inmigrantes”, declaró Griselda Sauceda, una salvadoreña que vende ropa en un puesto del mercado de Homestead. Asegura que los inmigrantes solo vienen a Estados Unidos en busca de oportunidades para dar una vida mejor a su familia.
“Y gente como yo hay muchas trabajando para poder sacar adelante a sus familias. Somos personas que venimos a trabajar, no venimos a robar a nadie y venimos a levantar este país”, dice, convencida de que “gracias a nosotros es que funciona la economía”.
Varios grupos que luchan por los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos ya anunciaron una demanda para bloquear esta legislación cuanto antes.
En una nota de prensa remitida a la VOA se alega que “la ley discriminatoria contra los inmigrantes representa una amenaza para los derechos y el bienestar de cada individuo en el estado”.
La demanda, impulsada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de la Florida, Americans for Immigrant Justice, American Immigration Council y Southern Poverty Law Center, “se presentará contra el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, en nombre de varias personas y la Asociación de Trabajadores Agrícolas de la Florida, una organización de derechos de los inmigrantes que se enfoca en la justicia social, política, económica, laboral, de salud y ambiental con y para los trabajadores agrícolas, alegando que la ley no solo viola los derechos fundamentales de las personas en el estado, sino que socava la riqueza cultural y las contribuciones económicas de los inmigrantes”.
“Lo último que se pierde es la esperanza y tenemos la fe de que nuestra comunidad pueda defender sus derechos ante la justicia”, dijo Rosa Elera, portavoz de la Coalición de Inmigrantes de la Florida (FLIC).
DeSantis defiende la ley
El gobernador DeSantis, sin embargo, insiste en que esta medida tiene como objetivo luchar contra el tráfico humano y frenar los flujos migratorios provocados, según dijo, por las políticas de la Casa Blanca en la frontera sur con México.
“Debemos fortalecer aún más nuestras leyes contra la inmigración ilegal mejorando la verificación de empleo, aumentando las penas por el tráfico de personas y desincentivando aún más la migración ilegal al estado de Florida”, declaró DeSantis, recalcando que “la Florida no es un estado santuario” y que su gobierno defenderá “el Estado de derecho”.
DeSantis, uno de los principales contendientes en la campaña por la nominación presidencial republicana, que lidera el expresidente Donald Trump, ha hecho de la seguridad fronteriza un foco de su campaña, acusando al gobierno del presidente Joe Biden de políticas de inmigración permisivas.
"Ha sido una enorme dejación de funciones por parte del presidente", dijo DeSantis en una reunión con agentes de la ley en Sierra Vista (Arizona), cerca de la frontera de Estados Unidos con México.
La Casa Blanca critica la medida
Funcionarios del gobierno de Joe Biden han criticado las políticas y puntos de vista sobre inmigración provenientes del gobernador DeSantis y otros. La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, en intercambio con reporteros en enero, dijo que DeSantis “no está tratando de solucionar el problema, realmente está creando un problema”.
El secretario del Departamento de Seguridad Nacional, (DHS), Alejandro Mayorkas, ha defendido en Miami los logros del programa de parole humanitario para haitianos, cubanos, nicaragüenses y venezolanos, que es objeto de una demanda presentada por una veintena de estados, entre ellos la Florida.
“Este es el modelo que hemos construido y seguiremos construyendo para que nuestro principio de ayuda humanitaria sea alcanzable de forma segura y ordenada. Así las personas no tienen que arriesgar sus vidas en manos de quienes solo buscan explotarlas con fines lucrativos”, dijo Mayorkas en una conferencia de prensa en enero desde el Pequeño Haití, un barrio de Miami con una alta población de nacionales de ese país.
