Ante la versión final de la fiscalía mexicana sobre la desaparición y asesinato de los 43 estudiantes, los padres y familiares de las víctimas se rehusan a aceptarla y señalan que no permitirán que el caso quede cerrado.
Los padres de los estudiantes han rechazado las investigaciones, alegando que no hay suficientes pruebas para determinar que sus hijos han muerto. Incluso creen que sus hijos podrían estar secuestrados por ejército, una versión que el gobierno ha desestimado por completo.
Según la fiscalía los 43 estudiantes mexicanos que desaparecieron hace cuatro meses fueron asesinados por órdenes de un cartel de drogas que los confundió con miembros de una pandilla rival, informó el gobierno mexicano el martes.
Con esta versión finalmente se confirmó la muerte de los profesores en formación. Ellos desaparecieron la noche del 26 de septiembre en la ciudad de Iguala.
Hasta ahora, el gobierno había dicho solamente que los estudiantes fueron asesinados después de enfrentarse en Iguala a agentes de policía corruptos, que los entregaron a miembros del grupo de narcotraficantes locales Guerreros Unidos.
"Evidencias permiten determinar que los normalistas fueron privados de la libertad, de la vida, incinerados y arrojados al río, en ese orden", dijo el procurador general, Jesús Murillo, en una conferencia de prensa.
La conclusión llegó tras el testimonio de Felipe “El Cepillo” Rodríguez, un supuesto líder de Guerreros Unidos que fue detenido hace poco y quien confesó cómo se dio la masacre.
"Los estudiantes fueron señalados por los delincuentes como integrantes del grupo antagónico de la región", dijo Tomás Zerón, jefe de la agencia de investigación criminal en la oficina del fiscal general.
El alcalde de Iguala y su esposa fueron detenidos posteriormente por su posible responsabilidad en el hecho.
La fiscalía pedirá una condena para Rodríguez y un grupo de sicarios de 140 años de prisión.
