El gobierno nicaragüense advirtió con sancionar a los bancos que se adhieran a un paro nacional de 24 horas convocado por la oposición para el jueves a fin de presionar por la liberación de cientos de manifestantes opositores presos en la nación centroamericana.
“La actividad bancaria tiene una gran responsabilidad con el sector público, tiene un servicio público de apertura obligatoria, no puede haber ningún banco en tiempos normales que pueda cerrar al público, porque es un servicio público regulado por el Estado”, dijo el ministro de Hacienda, Iván Acosta, en declaraciones al estatal canal 6 de televisión. Una entidad financiera “no se puede cerrar de un día a otro y no se debe cerrar; eso lleva a sanciones de parte de la reguladora del sistema financiero”, agregó.
Recordó que en 2018 la oposición convocó a varios paros nacionales en los que los bancos cesaron funciones alegando riesgos para su personal. Sin embargo, ahora el sector financiero “no tiene ningún argumento para cerrar porque el país está completamente en una situación normal y pacífica”, afirmó.
La actividad bancaria nicaragüense es regulada por la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones financieras que pueden imponer multas por incumplimiento de desempeño laboral, según una resolución vigente desde 2006.
En tanto, el Ministerio del Trabajo emitió un comunicado advirtiendo que las actividades económicas en el sector público y privado “se desarrollarán de manera normal” el jueves, y que por lo tanto se sancionará conforme el código laboral vigente a las empresas que suspendan sus operaciones.
La convocatoria al paro fue presentada el miércoles por los principales líderes de la oposición, incluyendo a integrantes de la Alianza Cívica y la Unidad Azul y Blanco, y apoyada por al menos diez cámaras empresariales, dirigentes estudiantiles y familiares de opositores presos.
El llamado tiene lugar después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos aceptara la noche del martes una solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para adoptar medidas alternativas a la prisión para 17 “presos políticos” nicaragüenses.
El secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao, saludó vía Twitter la respuesta de la Corte por considerar que es “la primera decisión que toma un tribunal internacional por motivo de las medidas cautelares y las denuncias (…) en materia de las prisiones arbitrarias y protección a los derechas de los presos políticos en Nicaragua”.
De los 17 detenidos que la CIDH propuso beneficiar con estas medidas, cinco fueron excarcelados y enviados a arresto domiciliario esta semana, y 12 siguen en prisión.
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Juan Sebastián Chamorro, representante del sector privado en la Alianza Cívica, dijo que el paro abarcará a todo el territorio nacional y a todas las actividades económicas y comerciales, así como a las instituciones educativas que decidan respaldarlo.
“Si no nos dejan llenar las calles, vamos a vaciarlas”, advirtió Chamorro, en alusión a la prohibición de la policía para realizar marchas y manifestaciones opositoras, vigente desde septiembre.
