Opositores se sumaron el lunes en Nicaragua a una huelga de hambre que comenzaron la semana pasada nueve madres de “presos políticos” dentro de una iglesia, al tiempo que jóvenes críticos del presidente Daniel Ortega fueron acusados por la policía de planear “actos terroristas”.
En una transmisión de medios locales a través de redes sociales se observó a algunos manifestantes, sobre todo mujeres, acostados en colchonetas en el piso dentro de la catedral de Managua, que había sido acordonada por miembros de la policía que no dejaban ingresar a nadie.
Más tarde, la agrupación opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) informó en un comunicado el inicio de una serie de protestas para exigir la liberación de más de 150 presos, como huelgas de hambre y ayunos en todo el país, además de “plantones, pintas y marchas”.
“Esta es una medida extrema de protesta en solidaridad con las madres que están en huelga de hambre. También pedimos que se liberen a todos los presos políticos”, dijo el doctor José Luis Borge, de la Unidad Médica Nicaragüense, un grupo de médicos que atiende a heridos en las protestas en el país.
Al final de la tarde del lunes, se conoció que simpatizantes sandinistas habían ingresaron por la fuerza en la Catedral de Managua, supuestamente en busca de armas, la iglesia denunció por medio de un comunicado de prensa que agredieron a un sacerdote y una religiosa.
Las madres que exigen la liberación de sus hijos iniciaron el jueves su huelga de hambre en Masaya, una ciudad cercana a Managua, y están encerradas en una iglesia junto a un sacerdote. La policía impide la salida o entrada al templo y han cortado el suministro de agua y energía eléctrica, según un comunicado de la Arquidiócesis de Managua.
De acuerdo con la oposición y familiares, 13 jóvenes opositores fueron arrestados la semana pasada después de que entregaron ayuda humanitaria al grupo de madres en Masaya. Otros tres habían sido detenidos previamente.
Victoriano Ruiz, un funcionario de la policía, afirmó el lunes en una conferencia de prensa que ellos “tenían planificados actos terroristas en Managua, León, Masaya y Chinandega” dirigidos a edificios policiales y municipales, así como a monumentos.
Mientras tanto, la fiscalía los acusó de presunto tráfico de armas durante una audiencia judicial, luego de que Ruiz informó que las autoridades habían asegurado múltiples armas durante su investigación inicial.
La oposición y grupos de derechos humanos alegan que Ortega está “recrudeciendo la represión contra la oposición”, que pide reformas electorales y elecciones adelantadas.
El gobierno nicaragüense y la policía no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.
