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Amnistía Internacional: La desaparición forzada “es la nueva táctica para reprimir” en Nicaragua


Un nicaragüense que vive en Costa Rica sostiene un cartel que reza "Nosotros exigimos justicia. 1300 desaparecidos, ¿dónde están?" durante una manifestación en San José, el 18 de abril de 2021.
Un nicaragüense que vive en Costa Rica sostiene un cartel que reza "Nosotros exigimos justicia. 1300 desaparecidos, ¿dónde están?" durante una manifestación en San José, el 18 de abril de 2021.

La ONG se basa en la documentación de una decena de casos. En su informe también señala que, desde el inicio de la crisis de derechos humanos en el país, el hostigamiento y persecución contra las voces opositoras no ha cesado.

Un nuevo informe de Amnistía Internacional, publicado el miércoles, responsabiliza al Gobierno de Daniel Ortega de la desaparición forzada en Nicaragua de personas criticas a la administración, incluidas las voces de opositores políticos.

El reporte '¿Dónde están? Desaparición forzada como estrategia de represión' establece que, a partir del 28 de mayo del presente año, la administración Ortega–Murillo ha sumado a su “estrategia represiva” la ocultación del paradero de 10 personas detenidas.

Lo que, desde el punto de vista de la organización, “constituye desaparición forzada a la luz de obligaciones internacionales que tiene el Estado nicaragüense en materia de derechos humanos”.

Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional escribió en su cuenta de Twitter que la acción busca “acallar a quienes alzan la voz”.

Según la representante de la institución al hacer desaparecer a opositores, activistas y periodistas, “Ortega muestra el temor que le tiene a la crítica y a la denuncia”.

A través de un comunicado de prensa, que concluye que "la desaparición forzada es la nueva táctica para reprimir", Amnistía Internacional afirmó que los casos documentados bastan para determinar un “nuevo patrón de detenciones que van seguidas de desapariciones forzadas”.

El documento también señala que, desde el inicio de la crisis de derechos humanos en Nicaragua, en abril de 2018, el hostigamiento y persecución contra las voces opositoras no ha cesado.

A tres meses de las elecciones del país, el Gobierno de Nicaragua ha detenido a 33 destacadas figuras de la oposición acusadas de traición a la patria.

La ONG afirma que las 10 desapariciones guardan “enormes similitudes con los casos de otras decenas de personas que podrían estar en la misma situación”.

Hasta la fecha los casos documentados, que también han sido validados por el Ministerio Público de Nicaragua, son los de Daysi Tamara Dávila, Miguel Mendoza, José Pallais, Suyen Barahona, Víctor Hugo Tinoco, Félix Maradiaga, Ana Margarita Vijil, Violeta Granera, Jorge Hugo Torres y Dora María Téllez.

En el poder desde 2007, Ortega se presenta por cuarto mandato consecutivo con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, una vez más como su compañera de fórmula. Miembros de la comunidad internacional acusan a la pareja de estar eliminando a sus competidores meses antes de la votación.

Desde el año 2018, más de 100.000 ciudadanos han huido de la violencia y el desempleo, según la Agencia de la ONU para los refugiados ACNUR.

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