El papa Francisco anunció este martes cambios en la ley eclesiástica para endurecer las sanciones a sacerdotes y legos dentro de la Iglesia católica que se aprovechen de su autoridad para abusar sexualmente de otros adultos, menores y personas vulnerables.
La revisión del Código de Derecho Canónico de la Iglesia, que estaba en proceso desde 2009, es la más radical del Vaticano en cuatro décadas, desde que Juan Pablo II aprobó el código actual en 1983.
La nueva sección, que incluye alrededor de 80 artículos relacionados con el crimen y el castigo, incorpora algunos cambios hechos a la ley de la Iglesia por los papas e introduce nuevas categorías.
Entre ellas, reconoce que los adultos también pueden ser víctimas de sacerdotes que abusan de su autoridad y que los legos que ejercen labores eclesiásticas pueden ser castigados por abusar de menores o adultos.
También penaliza los métodos que puedan utilizar los sacerdotes para incitar a sus víctimas a participar en material pornográfico y otros acercamientos, como regalos y distinciones para luego explotarlas sexualmente.
La reforma despoja además gran parte de la capacidad de discreción de los obispos y jerarcas de la Iglesia para desestimar o encubrir los abusos, y aclara que pueden ser responsabilizados por omisiones y negligencia.
Francisco aprobó recientemente nuevas normas para castigar a los obispos y superiores religiosos que no protejan a sus feligreses. El nuevo código penal incorpora esos cambios y va más allá.
El Papa recordó a los obispos que son responsables de seguir la ley y que uno de los objetivos de las revisiones es "reducir el número de casos en los que la imposición de una pena se deja a la discreción de las autoridades".
El abuso sexual de menores se incluyó en una nueva sección titulada "Delitos contra la vida humana, la dignidad y la libertad", en lugar de los anteriormente imprecisos "Delitos contra obligaciones especiales".
Desde que se redactó el código actual en 1983, abogados y obispos se han quejado de que era totalmente inadecuado para gestionar los abusos sexuales a menores, ya que requería largos juicios.
Las víctimas y sus defensores, por su parte, afirmaban que había demasiado poder de decisión en manos de obispos interesados en proteger a sus sacerdotes.
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