Los programas de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) que acumulan grandes volúmenes de información de Internet en Estados Unidos son constitucionales y ofrecen “garantías razonables” diseñadas para proteger los derechos de los ciudadanos, según un informe de una junta independiente sobre privacidad y libertades civiles.
En un informe publicado el 2 de julio, la Privacy and Civil Liberties Oversight Board respaldó en gran medida el conjunto de programas de vigilancia informática de la NSA, los que han provocado controversia global desde que se dieron a conocer el año pasado por el ex administrador de sistemas de la agencia de seguridad, Edward Snowden.
En virtud de una disposición conocida como Sección 702, añadida en 2008 a la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera de 1978, la NSA utiliza órdenes de la corte y accede a líneas de fibra óptica para acumular e investigar datos de extranjeros cuando sus correos electrónicos, chats, mensajes de texto y otras comunicaciones entran a EE.UU.
La Sección 702 tiene su origen en el Programa de Vigilancia de Terroristas, un esquema de recolección de datos establecido por el ex presidente George W. Bush, puesto en marcha tras los ataques terroristas de 2001.
Después que abogados del gobierno encontraron que algunos de los aspectos de la sección eran ilegales, y tras darse a conocer programas de escuchas sin orden judicial en informes de prensa, el Congreso esencialmente legalizó completamente el programa en 2008.
Mucho de cómo el gobierno utiliza la Sección 702 sigue siendo desconocido para la opinión pública, incluyendo la extensión en la que se utiliza para el procesamiento de casos criminales domésticos como infracciones a las leyes de drogas, los que no tienen relación alguna con terrorismo o inteligencia.
Asimismo, la Sección 702 incluye el denominado programa PRISM, un esquema confidencial de vigilancia electrónica masiva que mina datos buscando posibles pistas de actividad terrorista sospechosa, en virtud del cual la NSA recoge iinformación de Google, Facebook, Microsoft, Apple y casi todas las demás empresa tecnológicas importantes de EE.UU.
Debido a que las comunicaciones globales de Internet se entremezclan en las líneas de fibra óptica y en la llamada “nube”, la recolección de datos inevitablemente incluye comunicaciones de ciudadanos estadounidenses sin conexión al terrorismo o a la inteligencia extranjera, según estableció el reporte de la junta.
Desde que se dieron a conocer las revelaciones Snowden en junio de 2013, activistas de derechos civiles han expresado su preocupación por la obtención de comunicaciones privadas de estadounidenses sin órdenes judiciales por parte de la agencia de seguridad gubernamental. Algunos han cuestionado cómo un programa de este tipo es legal en virtud de la constitución.
La junta, que incluye un juez federal demócrata, dos expertos en privacidad y dos ex funcionarios republicanos del Departamento de Justicia, encontró que el seguimiento de la NSA fue legal y razonable.
Asimismo, recomendó que la NSA y otras agencias tomen medidas para impedir el uso indebido de los datos de los estadounidenses.
Las medidas incluyen la llamada “minimización”, que elimina las identidades de ciudadanos estadounidenses de los informes de inteligencia, a menos que sean pertinentes para la investigación.
“La junta no ha visto rastro de actividad ilegítima alguna asociada al programa, o cualquier intento de eludir deliberadamente los límites legales”, establece el informe.
Dicho esto, la junta señaló que las reglas “potencialmente permiten una gran cantidad de información privada de personas de Estados Unidos puedan ser adquiridos por el gobierno”.
El reporte de la junta establece que el “monitoreo de redes terroristas bajo la Sección 702 ha permitido al gobierno aprender cómo [éstas] funcionan, y para comprender sus prioridades, estrategias y tácticas”.
Estos programas han “llevado al gobierno a identificar a individuos antes desconocidos que están involucrados en el terrorismo internacional, y ha desempeñado un papel clave en el descubrimiento y desarticulación de complots terroristas específicamente destinados a Estados Unidos y otros países”, agregó el informe.
El último reporte de la junta está en contraste con su informe de enero de 2014, cuando argumentó que la recolección de la NSA de registros de llamadas nacionales en virtud del artículo 215 era inconstitucional.
El gobierno de Obama no estuvo de acuerdo con la conclusión de la junta, pero se ha propuesto revisar el programa.
