Representantes de las víctimas de un mortal enfrentamiento entre la policía mexicana y maestros sindicalizados ocurrido el verano pasado han incrementado sus llamados de justicia, tomando brevemente un peaje en una carretera mexicana, demandando una reunión con el principal funcionario policial en México y buscando ayuda de la Organización de Estados Americanos (OEA), con sede en Washington.
Las acciones de la semana pasada están vinculadas con un conflicto el pasado 19 de junio en el sureño estado de Oaxaca. Ocho personas fueron asesinadas y más de 100 resultaron heridas cuando miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) bloquearon calles del estado en protesta contra las nuevas evaluaciones obligatorias de los maestros, -parte de un paquete de reformas educativas a nivel nacional- y del arresto de algunos miembros del sindicato. En la confrontación, algunos manifestantes lanzaron bombas molotov y piedras, y según reportó la agencia de noticias AP –que presenció el choque-al menos un oficial de la policía antidisturbios respondió a los ataques con disparos.
Desde entonces, “no hemos visto ningún progreso significativo” sobre la investigación, dijo Ambrosio Hernández Santiago, el pasado jueves, según “El Informador”, un diario independiente de Guadalajara, Jalisco. El maestro, miembro del CNTE y presidente del Comité de Víctimas de Asunción Nochixtlán – llamado así por el nombre de la comunidad donde ocurrió la confrontación- también indicó que no ha habido “ningún avance significativo como cuidado médico” para las personas heridas durante el enfrentamiento.
Hernández explicó que esa fue la razón de la toma de control del peaje por algunas horas, el jueves, en la autopista Oaxaca-Cuacnoplan. También dijo que en los próximos días miembros del sindicato de educadores “intensificaremos nuestras manifestaciones” hasta lograr reunirse con el secretario de Gobernación de México, Miguel Angel Osorio Chong, y obtener garantías de que se hará justicia. El sindicalista expresó su descontento por una serie de reuniones previas con autoridades de menor nivel.
Acusaciones mutuas
Funcionarios del gobierno y de la Coordinadora han intercambiado acusaciones sobre el incidente de junio, según AP. Un fiscal estatal de Oaxaca dijo que los muertos eran todos civiles pero no profesores, y un jefe de la policía federal dijo que las protestas involucraron “grupos radicales”.
El sindicato de profesores rechazó la denominación, y atribuyó la violencia a infiltrados de la policía, indicando que 20 personas están desparecidas.
Adicionalmente, fiscales federales afirman que líderes sindicales han creado un red ilegal para financiar las protestas y para beneficiarse personalmente. Los sindicatos mexicanos a menudo controlan la contratación y el despido de maestros.
La toma del peaje de la semana pasada, sigue a lo que Hernández y otros califican como un esfuerzo para intimidar a las víctimas del 19 de junio y sus defensores.
El seis de marzo, la Coordinadora emitió una declaración denunciando que la noche anterior, Hernández y otro miembro del grupo fueron emboscados por desconocidos cuando estaban viajaban en su vehículo en una carretera estatal.
La Coordinadora acusó “al estado” de tener responsabilidad directa del “intento de asesinato”, y reclamó también que en incidentes separados, policías vestidos con ropa de civil habían “acosado y perseguido” a víctimas del 19 de junio y sus defensores. La organización sindical pidió una investigación y castigo para los responsables, así como “libertad y seguridad para nuestros colegas y familiares de las víctimas”.
Autoridades prometen responsabilidad
Un funcionario de la Procuraduría General de la República, que habló la semana pasada sobre un asunto relacionado en una reunión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH), en Washington, dijo que su oficina estaba trabajando en una legislación "para romper las cadenas de impunidad".
Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos, dijo que la medida responsabilizaría a los culpables por las desapariciones forzadas. Campa hablaba sobre el caso de 2014, cuando 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron en el estado de Guerrero, vecino occidental de Oaxaca. La primavera pasada, un grupo de investigadores independientes acusó al gobierno mexicano de obstaculizar su indagación.
El defensor del pueblo de Oaxaca, un funcionario elegido, Arturo Peimbert Calvo, también habló en el CIDH en Washington. Peimbert se quejó de que “una serie de ataques, persecuciones y acosos … nos han obligado a buscar medidas en Estados Unidos”.
En una entrevista el martes 21 de marzo con la Voz de América, Peimbert dijo que, a diferencia del caso de los estudiantes de Ayotzinapa, en el caso del sindicato de maestros, la “agresión de las fuerzas policiales contra la sociedad civil ha sido completamente documentada.” Peimbert añadió que aunque se han reunido más de 6.000 páginas de testimonios y 180 horas evidencia en video, a él le preocupa que las autoridades quieran mantener el caso fuera de la luz pública.
Peimbert dijo que viajó a Washington "para crear alianzas que nos permitan hacer visible el tema y dar voz a quienes no tienen voz y que son víctimas de esta grave agresión". Añadió que "era muy peligroso para las víctimas en Oaxaca”.
Preocupaciones por la violencia
El viernes 24 de marzo, el grupo defensor de los derechos humanos Washington Office on Latin America (WOLA), expresó preocupación por el aumento de la violencia en Mexico contra activistas de derechos humanos y periodistas.
En un comunicado, WOLA condenó los ataques contra Hernández y otros, instó a las autoridades mexicanas a "implementar medidas inmediatas para evitar ataques", a "reconocer la importante misión de periodistas y defensores de los derechos humanos en México y asegurar que estos casos no terminen en la impunidad".
Periodistas que cubren el conflicto en el estado de Oaxaca han sido acosados y amenazados, dice el Comité para la Protección de los Periodistas.
El jueves 23, en un incidente no relacionado, la periodista mexicana Miroslava Breach, fue muerta a tiros frente al garaje en el norteño estado de Chihuahua. Breach, reportera de La Jornada, es la tercera periodista asesinada en México este mes.
