El gobierno de Nicaragua dio un paso atrás el viernes a una normativa dictada a mediados de mes en la que restringía a los turistas el ingreso de cámaras fotográficas y de videos al país, salvo a quienes obtuvieran un aval por una entidad estatal.
La vocera del gobierno y vicepresidenta, Rosario Murillo, dijo que por decisión de su esposo, el presidente Daniel Ortega se eliminó el “obstáculo” a la introducción de equipos fotográficos o de filmación y se basó en razones turísticas para argumentar el hecho.
“Cada vez hay mas personas interesadas en visitarnos, en avistar aves, por ejemplo, viene mucha gente a ver aves, viene mucha gente a recorrer nuestras bellezas patrimoniales, viene mucha gente a convivir con nosotros en esta Nicaragua segura, linda, tranquila y bendita”, argumentó Murillo el viernes.
El turismo es una de las principales fuentes de ingresos en Nicaragua, según datos oficiales. De enero a octubre de 2022, el país recibió alrededor de 612.000 personas extranjeras y se estimaban proyecciones de 800.000 al finalizar el año.
No obstante la medida de Ortega afectaría este rubro, pero también buscaba censurar aún más a la prensa dijeron periodistas independientes a la Voz de América, quienes a la vez criticaron que, mientras el mandatario imponía restricciones a los equipos audiovisuales de turistas, les permitía a agencias rusas y chinas que filmaran con libertad.
![Vista de la calle La Calzada en Granada, Nicaragua. [Foto: Miguel Bravo]](https://gdb.voanews.com/F517104D-F209-40D5-9167-10B39F4145D2_w100_r1.jpg)
De hecho Murillo se refirió en su discurso a un documental producido hace días por la cadena Russia Today (RT) , que tiene presencia en Nicaragua.
“Hace una semana estuvo el equipo de RT… filmando toda esa hermosísima cadena volcánica, cuidada por peligrosa, tenemos que cuidarla, que nos distingue porque todo el mundo dice Tierras de Lagos y Volcanes”, señaló Murillo.
Nicaragua vive una crisis política desde el año 2018 que surgieron protestas contra Ortega. Desde entonces el país vive en “un Estado de sitio de facto”, según organizaciones de derechos humanos.
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