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Nicaragua es un "país fachada", dice periodista mexicano que se infiltró para documentar la crisis


El periodista Otoniel Martínez en la avenida Hugo Chávez, en Managua. Foto Cortesía
El periodista Otoniel Martínez en la avenida Hugo Chávez, en Managua. Foto Cortesía

Después de las protestas de 2018, Ortega ha prohibido el ingreso a periodistas extranjeros, e incluso nacionales a Nicaragua, para evitar que se documenten las denuncias en su contra.

El periodista mexicano Otoniel Martínez, que labora en el Canal TV Azteca, llevó consigo únicamente un teléfono celular y un pequeño bolso para ingresar como turista a Nicaragua, que vive una de sus peores crisis políticas de los últimos 30 años.

Martínez asegura que no llegó a Nicaragua para distraerse, sino para exponer lo que vivían las personas. Varios reporteros de medios en Nicaragua le advirtieron que su vida corría peligro, pero señala que eso lo motivó aún más.

Ingresó vía terrestre por la frontera nicaragüense de Peñas Blancas, que colinda con Costa Rica, durante las primeras semanas de julio. Eligió esa vía porque asegura que los mecanismos para ingresar a Managua así son menos complejos. Para ingresar vía aérea el gobierno pide una prueba de Covid-19 negativa con 72 horas de anticipación, y de esa manera sabe quién es la persona que viajará.

En varios casos el gobierno de Daniel Ortega le ha negado el ingreso a periodistas extranjeros, y poco a poco las prohibiciones se han ampliado incluso a reporteros nicaragüenses, a como ocurrió con Tiffany Roberts, corresponsal de la cadena Univisión, cuando en junio de este año intentó arribar a Managua para visitar a su familia. Roberts se quejó de que el gobierno de Ortega le notificó que le impedía el ingreso por medio de la aerolínea.

Martínez dijo a la VOA que “no hay manera que un periodista que no sea amigo del régimen obtenga el permiso para entrar a Nicaragua”, y describió la cobertura como “un viaje entre la clandestinidad y la paranoia”.

Martínez dijo que conocía lo que ocurría en Nicaragua por lo que leía. Pero que terminó confirmando "historias irreales" en unas 15 entrevistas que realizó dentro de lo que llamó un "país fachada".

Un viaje “clandestino”

El periodista mexicano describió el viaje como “clandestino” y con ciertas limitaciones, como el uso de cámaras profesionales. No obstante, fue retenido en varias ocasiones y le hicieron borrar algunos videos de su móvil cuando grabó en algunos sitios en Managua.

El material incluye entrevistas a nicaragüenses clandestinos, a personas del gobierno y una toma del mismo Daniel Ortega, quien acudía bajo un enorme despliegue policial a un evento privado para celebrar el 43 aniversario de la revolución sandinista. El periodista guardó el material en memorias externas.

“Todos los días salíamos a las calles con mucho miedo a ser detenidos, a ser cuestionados y deportados. Ya nos habían dicho que, en caso de que nos descubrieran haciendo lo que estábamos haciendo, lo que iba a pasar era que nos iban a detener, nos iban a mandar a una de estas cárceles famosas, como El Chipote, y que el tiempo que íbamos a estar en esa cárcel dependía del tiempo de reacción de la embajada”, agregó.

Aunque el gobierno de Ortega no ha reaccionado directamente a la serie de reportajes publicad, el oficialismo sí lo ha hecho. Un convoy de policías se apostó en las afueras de la terminal de buses de Managua, donde generalmente arriban extranjeros.

Policías en las afueras de una terminal de autobuses. Foto: Cortesía Nicaragua Actual
Policías en las afueras de una terminal de autobuses. Foto: Cortesía Nicaragua Actual

“Ese señor mexicano que vino debió haber ido a las procesiones de Santo Domingo, que vea la tranquilidad en el rostro de los nicaragüenses contentos, seguros y tranquilos”, dijo en un canal oficialista el diputado Adolfo Pastrán, en alusión a los reportes de Martínez.

Desde 2018, Nicaragua vive una de sus peores crisis políticas, tras protestas contra el gobierno que dejaron más de 300 muertos. Ortega ha prohibido cualquier tipo de manifestación contraria y ha impuesto lo que expertos en derechos humanos han catalogado como “un Estado policial de facto”.

El periodista de la VOA Houston Castillo colaboró con este informe

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