Ruth Buendía ganó el premio Goldman por su defensa a los pueblos indígenas.
Esta peruana, quien vio como “Sendero luminoso” asesino a su padre, luchó gran parte por los derechos de la comunidad indígena.
“Pero eso me ha dado valor y para poder ayudar a los que necesitan que les ayude. Si yo como Asháninka, como líder que estoy defendiendo a mi pueblo, porque tengo compromiso, por la memoria de mi padre, por la memoria de mi cultura”, recordó a la Voz de América.
Buendía es parte de la tribu Asháninka. Y es presidenta de una organización llamada Central Asháninka del Río Ene, que defiende los derechos de esa comunidad.
En 2010, un convenio energético, firmado entre Perú y Brasil, creó el camino para la construcción de represas hidroeléctricas. Estas presas inundarían los territorios Asháninka, destruirían pueblos y más de 10.000 personas serían desplazadas. Buendía detuvo, legalmente, la construcción de estos embalses.
Hoy, por ley, el gobierno peruano debe consultar a los pueblos indígenas sobre estos proyectos. En 2010, Lima no consultó con los Asháninka. Una de las exigencias de Buendía es que el gobierno los consulte e informe.
“No estamos contra el desarrollo pero si lo que nosotros queremos es que nos tienen que consultar, informar, cuales son los impactos ambientales y sociales”, señala Buendía.
Esta peruana, quien vio como “Sendero luminoso” asesino a su padre, luchó gran parte por los derechos de la comunidad indígena.
“Pero eso me ha dado valor y para poder ayudar a los que necesitan que les ayude. Si yo como Asháninka, como líder que estoy defendiendo a mi pueblo, porque tengo compromiso, por la memoria de mi padre, por la memoria de mi cultura”, recordó a la Voz de América.
Buendía es parte de la tribu Asháninka. Y es presidenta de una organización llamada Central Asháninka del Río Ene, que defiende los derechos de esa comunidad.
En 2010, un convenio energético, firmado entre Perú y Brasil, creó el camino para la construcción de represas hidroeléctricas. Estas presas inundarían los territorios Asháninka, destruirían pueblos y más de 10.000 personas serían desplazadas. Buendía detuvo, legalmente, la construcción de estos embalses.
Hoy, por ley, el gobierno peruano debe consultar a los pueblos indígenas sobre estos proyectos. En 2010, Lima no consultó con los Asháninka. Una de las exigencias de Buendía es que el gobierno los consulte e informe.
“No estamos contra el desarrollo pero si lo que nosotros queremos es que nos tienen que consultar, informar, cuales son los impactos ambientales y sociales”, señala Buendía.
