Los expertos aseguran que el impacto de la decisión de la Corte Suprema Corte de revocar el fallo de hace 50 años sobre la que se cimienta la legalización del aborto a nivel nacional podría sentirse mucho más allá del territorio estadounidense.
Los expertos aseguran también que el aborto se verá severamente restringido en partes del país.
En Oklahoma, por ejemplo, los legisladores aprobaron el mes pasado un proyecto de ley que prohíbe el aborto con pocas excepciones. Ya se han aprobado este año media docena de medidas contra el aborto. Mientras, los proveedores de este tipo de servicios de todo el país se han estado preparando para las limitaciones.
¿Podrían otros países seguir el ejemplo?
Desde el fallo de la Suprema Corte de Justicia de México en 2021, abortar ya no es un crimen en ese país. Pero sólo ocho de 32 estados en México han dado pasos para legalizarlo.
“Lo que nos está enseñando lo que pasa en Estados Unidos es que nuestros derechos siempre están en riesgo”, señaló Adriana Patlán, de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México.
En Ginebra, Suiza, los activistas no esperan repercusiones, pues en gran parte de Europa se permite el aborto.
Leah Hoctor, del Centro por los Derechos Reproductivos, dijo que “Polonia, Malta, Liechtenstein, Andorra (...) son los países en Europa que aún tienen leyes de aborto muy restrictivas”.
Sudáfrica legalizó el aborto en 1996.
“Cuanto más se revoque en otros países, más podría también ocurrir aquí”, afirmó Whitney Chinogweny, miembro de Reproductive Choices.
Pese a los temores, los grupos anti-aborto están decididos a abolir el aborto, opinan el crítico Austin Ruse, del Centro para la Familia y los Derechos Humanos, con sede en EEUU.
“La mayoría de la gente no entiende lo tan radicales que son las leyes de aborto en Estados Unidos”, dijo Ruse.
La decisión de la Corte establece que los legisladores locales deberían ser los que decidan qué es legal en su estado. Además, argumenta que el aborto no debe estar contemplado como un derecho constitucional protegido por el derecho a la privacidad, echando así por tierra la decisión de 1973.
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