Aunque el letrero de luces rojas se enciende cuando el periodista José Domingo Blanco habla, su voz no se escucha en la radio. La estación donde trabaja, Radio Caracas Radio (RCR), fue sacada del aire por transmitir la sublevación militar del pasado 30 de abril de 2019.
Paradójicamente, esta fue la primera emisora fundada en Venezuela, hace 93 años, y aunque por el cierre su plantilla de empleados se redujo al mínimo, la cadena intenta mantenerse conectada a su audiencia desde plataformas en línea en un país con un precario acceso a Internet.
"Cuando el chavismo llega al poder, además de acabar con la justicia y con la educación, uno de los principales aspectos principales para ellos era acabar con la libertad de prensa y lo lograron. Ahí tienes la hegemonía comunicacional", dice Blanco a VOA mientras revisa en su telefóno móvil las noticias del día y le da una última mirada a su guión.
En 2020, RCR y Blanco recibieron una mención especial del jurado del premio español ONDAS a la radiodifusión. "Hay que hacer de tripas corazón para poder estar aquí todos los días. ¡Ni te imaginas cuando no había gasolina! Nosotros nunca dejamos de venir aquí a la radio y a continuar con nuestra programación!", cuenta el comunicador con unos 40 años de trayectoria.
Blanco evita hablar en primera persona. Cita las cifras de un reciente informe de la ONG Espacio Público.
"64 % del total de medios cerrados, 233 emisoras de radio, 70 periódicos, 7 canales de televisión. Eso te lo dice todo".
Tan solo en el último año, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela, Conatel, clausuró 107 estaciones de radio, alegando - en la mayoría de los casos - que la concesión para operar estaba vencida.
"La radio es el medio con mayor presencia en el país. Estamos en un país donde cada vez hay menos medios impresos. Som menos de 35 a 40 los que circulan, de manera que la radio cobra gran relevancia para la sociedad, porque es el medio más accesible para las personas", explica Daniela Alvarado, coordinadora de libertades informativas del Instituto Prensa y Sociedad.
Luego del zarpazo a los medios tradicionales, activistas denuncian que el gobierno venezolano limita la labor de los portales informativos impidiendo el acceso a ellos a través de los diferentes proveedores de Internet del país. El año pasado, la empresa española Teléfonica reconoció que su filial en Venezuela, Movistar, recibió, al menos, 30 solicitudes de bloquear páginas web por parte del órgano rector de las telecomunicaciones.
"Aquí está siendo atacado el ciudadano al que se le niega el acceso a la información", advierte Danisbel Gómez, coordinadora de estrategia del sitio de noticias Efecto Cocuyo.
El bloqueo más fuerte empezó en febrero de 2022 y eso ha representado para Efecto Cocuyo una caída de casi el 70% de su tráfico. Efecto Cocuyo es uno de los 16 principales portales del país bloqueados", relata Gómez.
En contraposición, el Ejecutivo venezolano ha formado su propio ecosistema informativo. De acuerdo con un estudio del Instituto de Investigaciones de la Comunicación, el gobierno maneja unos 598 medios en todo el país, argumentando que busca vías para llevar su mensaje y enfrentar lo que publican sus detractores o agencias internacionales.
Esos espacios también son usados para la confrontación con la oposición política y el periodismo crítico. Así lo documenta el Instituto Prensa y Sociedad, en su último informe, en el que registran 62 casos de lo que califican como "discurso estigmatizante" contra reporteros.
"Criminalización, campañas de desprestigio, acciones que ejercen funcionarios públicos a través de canales tradicionales como televisión, la radio; pero que en los últimos años ha tenido aumento a través de plataformas digitales, en redes sociales como Twitter", alerta Alvarado.
El asedio denunciado por defensores de la libertad de prensa y las amenazas de llevar a juicio a periodistas que publican investigaciones sensibles para el gobierno, ha llevado a un número no precisado de comunicadores al exilio, entre ellos, el equipo del portal Armando Info, que salió del país hace 6 años por desnudar una trama de corrupción que implicaba al contratista del Estado venezolano, Alex Saab, quien permanece detenido en Estados Unidos, acusado de lavado de dinero, y además, es señalado de ser testaferro del presidente Nicolás Maduro.