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El presidente de Colombia cambia comandante de las fuerzas militares en una renovación de su equipo


El presidente colombiano, Gustavo Petro, saluda a la prensa cuando llega a la ceremonia de juramento del presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, en el Centro de Convenciones Atlapa en la ciudad de Panamá, el 1 de julio de 2024.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, saluda a la prensa cuando llega a la ceremonia de juramento del presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, en el Centro de Convenciones Atlapa en la ciudad de Panamá, el 1 de julio de 2024.

El mandatario colombiano designó al almirante Francisco Cubides Granados como nuevo comandante de las fuerzas militares de su país. Este y otros cambios en carteras como Interior y Justicia, forman parte de una reestructuración que Petro realiza en su gabinete

El presidente colombiano, Gustavo Petro, designó el miércoles un nuevo comandante de las fuerzas militares como parte de una renovación de su equipo de Gobierno cuando se acerca a sus dos años de mandato.

Las fuerzas militares serán dirigidas por el almirante Francisco Cubides Granados, quien hasta ahora se desempeñaba como comandante de la Armada Nacional. Reemplazará al general Helder Giraldo Bonilla, en el cargo desde el inicio del gobierno de Petro en agosto de 2022.

Petro no señaló las razones del relevo, ni si dará un giro a su estrategia de seguridad en el país, donde hay múltiples grupos armados activos que se disputan el control de lucrativas rentas ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal.

El mandatario ha dado prioridad a las interdicciones para atacar al narcotráfico y ha disminuido la presión sobre los cultivadores de la hoja de coca, materia prima de la cocaína. En lo que va de 2024, la Armada ha incautado 13 semisumergibles cargados de narcóticos en aguas del Pacífico.

Más temprano, Petro designó en el ministerio del Interior a Juan Fernando Cristo, un experimentado político de centro que fue ministro del Interior en el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) y ahora ocupará el mismo cargo en reemplazo de Luis Fernando Velasco, quien estuvo en el cargo desde abril de 2023.

En sus manos estará la responsabilidad de impulsar sus ambiciosas reformas sociales en un Congreso donde no tiene garantizadas las mayorías.

Los relevos anunciados el miércoles forman parte de una reestructuración que Petro realiza en su gabinete al evaluar el impacto de sus políticas y gestión cuando están a punto de cumplirse dos años de mandato. En los últimos días, cambió a los ministros de Transporte, Justicia y Agricultura.

El recién designado ministro del Interior planteó el miércoles como una de sus prioridades en el cargo la búsqueda de un acuerdo político que incluya la posibilidad de convocar una asamblea constituyente para el próximo gobierno y no para este período, dando así un norte a la idea del presidente de reformar la Constitución.

El gabinete de Gustavo Petro en Colombia enfrenta varios cambios
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El mandatario ha hablado en los últimos meses del “poder constituyente” como una forma alterna de realizar cambios estructurales en el país impulsados por la ciudadanía, sin dejar claro el mecanismo jurídico para lograrlo.

Para Cristo, la fórmula aterriza en reunir a todos los sectores políticos y sociales del país para poner a consideración la idea de “convocar una asamblea nacional constituyente bajo los parámetros de la Constitución” promulgada en 1991, según detalló en una declaración oficial.

Petro encargó a su nuevo ministro “hacer los puentes sociales y políticos para el acuerdo nacional que promueva los cambios normativos y use el poder constituyente”.

El ministro designado aseguró que no pretenden convocar la constituyente en el gobierno vigente, sino en el próximo. Lo que en principio alejaría la idea de sectores opositores que señalan que Petro busca cambiar la Constitución para reelegirse, una figura hasta ahora prohibida en el país, en el que el periodo presidencial es de cuatro años.

La Constitución vigente plantea que, para ser reformada, el Congreso debe aprobar una ley en la que avale que los ciudadanos decidan en votación popular si convocan una Asamblea Constituyente con la competencia, el período y la composición que la misma ley determine. Para ello, se requiere que voten aproximadamente 12 millones de personas, que corresponden a una tercera parte de los integrantes del censo electoral.

Petro también encomendó a Cristo sacar adelante las reformas sociales en el Congreso, que incluyen una reforma a la salud y una ley de educación que fueron archivadas en el primer semestre del año.

El mandatario ha puesto su capital político en las reformas a las que considera la vía para cumplir con sus promesas de campaña bajo la premisa de que servirían para cerrar las brechas de desigualdad. Sin embargo, ha encontrado resistencia en el Congreso, al que ha señalado de tratar de bloquearlas.

El gobierno busca eliminar la intermediación financiera que realizan empresas privadas de salud para que una entidad estatal pague directamente por los servicios sanitarios a centros médicos, en una reforma que cambiaría el sistema de salud que opera en el país hace tres décadas.

Por otra parte, pretendía reglamentar el sistema educativo como un derecho fundamental desde el nivel básico hasta el universitario. La ley naufragó en el Congreso debido a falta de consenso político y a la presión del sindicato de maestros que mantuvo una huelga durante una semana en contra de lo que denunciaban que era una forma de “privatización” de la educación.

El presidente también le pidió a Cristo articular el cumplimiento del acuerdo de paz que firmó Santos con la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Cristo ha defendido abiertamente el acuerdo de paz y, en su época en el gobierno de Santos, impulsó en el Congreso la aprobación de leyes necesarias para su cumplimiento.

“Ha sido una de las obsesiones de mi vida pública avanzar en la paz y la reconciliación”, señaló el ministro designado en referencia a articular la implementación del acuerdo de paz que puso fin a la confrontación de cinco décadas entre el Estado colombiano y la antigua guerrilla.

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