Este término, que se basa en los principios de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, implica que un país puede negarse a concede asilo a una persona y remitirla a un tercer país que sea considerado “seguro”.
Existen dos maneras de interpretar el concepto de tercer país seguro. La forma menos estricta es la de un sitio que ofrezca “protecciones básicas, un estatus legal, autorización de trabajo y servicios sociales básicos”, de acuerdo con Fisher.
Sin embargo, de acuerdo con la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, un país seguro es en el que se respete la vida y libertad de las personas y donde no sean perseguidas por motivos de raza, religión, opinión política, nacionalidad o por pertenecer a algún grupo social particular.