El Senado argentino comenzó a debatir el miércoles dos proyectos con reformas económicas, administrativas e impositivas consideradas clave para asegurar la gobernabilidad del presidente libertario Javier Milei, mientras sindicatos, movimientos sociales y organismos de derechos humanos manifestaban su rechazo en las inmediaciones del Congreso.
La cámara alta, donde el partido gobernante La Libertad Avanza sólo cuenta con siete de los 72 senadores, debatirá el proyecto de la llamada Ley de Bases y otro con reformas fiscales que a fines de abril obtuvieron luz verde en la Cámara de Diputados y que, de ser aprobados, deberán volver a ese recinto para su votación final ya que han sido sometidos a distintas modificaciones consensuadas entre el oficialismo y opositores dialoguistas con el fin de que se abran paso.
Milei viene luchando por conseguir sus primeras leyes desde que llegó al poder hace seis meses en los que se ha topado sobre todo con la resistencia del kirchnerismo —el sector del peronismo que gobernó gran parte de los últimos 20 años y es la primera fuerza en ambas cámaras— y de partidos izquierdistas contrarios al fuerte ajuste que ha llevado a cabo así como a las reformas que buscan terminar con décadas de intervencionismo del Estado en la economía.
“Lo más importante es que Milei demuestre que puede aprobar leyes en el Congreso porque, hasta aquí, el hecho de que no haya podido sancionar una ley es un síntoma de gran debilidad política”, dijo a The Associated Press Lucas Romero, director de Synopsis Consultores.
Al respecto, indicó que el líder de La Libertad Avanza “puede tener la mejor de las ideas económicas, puede salir de Argentina y hablar con empresarios para traerlos a invertir, pero ellos le van a preguntar ‘¿Qué capacidad de gobierno tenés vos más allá de tus ideas?’ Y es ahí donde Milei no ha podido demostrar que tiene capacidad de control del proceso político para lograr sus objetivos de política económica”.
El gobierno espera que las iniciativas salgan adelante luego de que en febrero debió retirar del Congreso otra iniciativa que incluía reformas de mayor calado y era fuertemente cuestionada. Por ello, debió pactar cambios con aliados políticos circunstanciales para lograr su aceptación en la votación en la Cámara de Diputados en abril y de cara al debate que se abrió ahora en el Senado.
Pero ambos proyectos siguen enfrentando una fuerte resistencia de los opositores más duros que se oponen en particular a una reforma laboral que, según sostienen, atentaría contra los derechos de los trabajadores, la privatización de empresas estatales como Aerolíneas Argentinas y reformas fiscales que beneficiarían a grandes compañías.
El debate en la cámara alta promete ser largo ya que las iniciativas deben ser votadas primero en general y luego artículo por artículo.
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