El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunció el lunes que eliminará en enero de 2019 el estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) que ampara a ciertos nicaragüenses que residen en EE.UU. y postergará hasta julio la decisión definitiva sobre este beneficio para los hondureños.
El DHS explicó que "las condiciones en Nicaragua ya mejoraron lo suficiente como para cancelar el TPS". La vida de 5.345 inmigrantes de Nicaragua cambiará pues perderán sus permisos para vivir y trabajar en suelo estadounidense.
La secretaria interina de Seguridad Nacional, Elaine Duke, confirmó que se aplaza la decisión sobre Honduras para analizar información adicional, por lo que la vigencia del beneficio se extiende automáticamente seis meses, hasta julio de 2018.
Se estima que hay cerca de 86.000 hondureños bajo el beneficio del TPS en EE.UU.
La oficina investigadora del Congreso estadounidense dijo este mes que las autoridades prevén que solo 57.000 hondureños y 2.550 nicaragüenses habrían gestionado la extensión del beneficio.
El TPS para unos 260.000 salvadoreños, el grupo más numeroso de todos los beneficiarios, vence en marzo.
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En adelanto, el viernes tres de noviembre, el periódico The Washington Post publicó que el secretario de Estado Rex Tillerson envió una carta a la secretaria en funciones del DHS, Elaine Duke, para informarle que las condiciones en Centroamérica y Haití que se habían utilizado para justificar la protección ya no requieren un aplazamiento para los migrantes, algunos de los cuales han sido autorizados a vivir y trabajar en Estados Unidos durante 20 años bajo el programa conocido como Estatus de Protección Temporal.
Ante este anuncio varios de los países afectados, entre ellos Honduras, Nicaragua, El Salvador y Haití expresaron gran preocupación y coincidieron en que una decisión adversa generará gran inestabilidad en Centroamérica.
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Aunque la mayoría de hondureños y nicaragüenses llegaron aquí ilegalmente, quedaron exentos de la deportación después de que el huracán Mitch devastó Centroamérica en 1998. Sus protecciones TPS se han renovado rutinariamente desde entonces, en algunos casos después de desastres naturales adicionales y la inseguridad resultante.
Los salvadoreños son los que en mayor cantidad han sido beneficiados con el TPS en Estados Unidos. Se estima que son 260.000 lo salvadoreños que recibieron el amparo en 2001 tras una secuencia de terremotos.
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Los haitianos, que se concentran en el sur de Florida, recibieron TPS después de un terremoto de 2010 que mató a más de 200.000 personas y dejó gran devastación en el país.
Duke dijo el lunes que Nicaragua no solicitó una extensión del TPS, pero Honduras y El Salvador han cabildeado intensamente a favor de extenderlo, advirtiendo que un retorno repentino de grupos tan numerosos complicaría la meta de mejorar la calidad de vida en sus países, lo que a su vez podría incrementar el flujo migratorio ilegal hacia Estados Unidos.
Partidarios de extender el TPS alegan que su eliminación afectará la vida de familias plenamente integradas a la sociedad estadounidense.
El presidente de la bancada demócrata en la cámara baja, Joe Crowley, criticó la decisión del DHS por considerarla “cruel y sin sentido” y la describió como “un intento del presidente Donald Trump para continuar complaciendo a las voces más extremistas del Partido Republicano”. Organizaciones comunitarias y proinmigrantes e incluso grupos de senadores apoyan la extensión del TPS. Un grupo de 22 senadores demócratas han exhortado al departamento de Estado y al de Seguridad Nacional a renovar el TPS, pero la decisión final todavía genera incertidumbre.
