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UE sanciona a siete funcionarios de Ortega previo a su investidura en Nicaragua


El presidente de Nicaragua Daniel Ortega durante un evento en La Habana, Cuba, el 14 de diciembre de 2021.

La Unión Europea sancionó el lunes a funcionarios allegados a Daniel Ortega.

La Unión Europea sancionó este lunes a siete funcionarios del gobierno del Gobierno de Nicaragua y a tres entidades estatales, de Daniel Ortega para un cuarto período presidencial.

Los sancionados son Laureano Ortega y Camila Ortega, hijos de Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, y los magistrados del Consejo Supremo Electoral Brenda Rocha, Cairo Amador y Lumberto Campbell.

También fue sancionada Nahima Díaz, directora del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), y Luis Ángel Montenegro, de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones (SIBOIF).

Las instituciones designadas por la Unión Europea son el Consejo Supremo Electoral (CSE), la Policía Nacional y Telcor.

En el caso del CSE, la Unión Europea señala que “es el órgano responsable de la preparación, celebración y certificación de las elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, las cuales socavaron las instituciones y los procesos democráticos por su falta de transparencia, de una verdadera oposición y de un debate democrático”.

La Policía Nacional es acusada de ser la responsable de infligir tratos degradantes a los opositores, entre ellos torturas físicas y psicológicas.

“Es responsable del encarcelamiento ilegal de precandidatos presidenciales, líderes de la sociedad civil, líderes estudiantiles y rurales o periodistas independientes, sin garantías jurídicas ni democráticas”, dice el documento.

A Telcor se le señala de ser la institución encargada de ejecutar la “Ley de ciberdelitos” y de haber desempeñado actividades de vigilancia de la sociedad civil y la “oposición democrática”.

Esta es la tercera ronda de sanciones emitidas por la Unión Europea.

Según el comunicado, estas personas y entidades “son responsables de violaciones a los derechos humanos, incluida la represión de la sociedad civil, el apoyo de elecciones presidenciales y parlamentarias fraudulentas y el socavamiento de la democracia y el estado de derecho” en Nicaragua”.

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