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Unos 170 funcionarios penitenciarios siguen retenidos en cárceles de Ecuador


Militares patrullan por una zona residencial del sur de Quito, Ecuador, el viernes 12 de enero de 2024, como secuela a la fuga de dos cabecillas de bandas criminales de prisión.
Militares patrullan por una zona residencial del sur de Quito, Ecuador, el viernes 12 de enero de 2024, como secuela a la fuga de dos cabecillas de bandas criminales de prisión.

El presidente Daniel Noboa decretó el lunes el estado de emergencia nacional debido a una ola de criminalidad, una medida que permite a las autoridades suspender los derechos de las personas y movilizar a los militares. El gobierno también impuso un toque de queda.

A punto de cumplirse una semana, casi nada se sabe en Ecuador de la situación de los 170 funcionarios penitenciarios retenidos por presos en siete cárceles que, según las autoridades, están bajo control de grupos criminales a los que el gobierno responsabiliza de la ola de ataques violentos que azota al país desde el lunes.

El organismo responsable del sistema penitenciario solo ha informado de la evolución de la cifra, sin que haya detalles sobre el estado de salud o condición en que se encuentran decenas de guardiacárceles y de personal administrativo.

El primer pronunciamiento del Servicio Nacional de Atención Integral para las Personas Adultas Privadas de Libertad (SNAI) llegó luego de tres días de la retención. El organismo oficial a cargo del sistema penitenciario señaló que eran 139, luego subió a 178 y, tras informar que se han liberado a ocho servidores, la cifra oficial se mantenía en 170.

“Preocupado y con impotencia”, dijo sentirse Carlos Ordóñez, vicepresidente de la Asociación de Servidores Penitenciarios del Ecuador, en declaraciones a The Associated Press. “Han pasado varios días y no sabemos qué está pasando con nuestros compañeros”, lamentó.

Ordóñez se queja de que el SNAI no les entrega información oficial sobre el estado en que se encuentran los retenidos y sobre lo que se supone están haciendo para liberarlos. “No sé por qué no ingresan para resguardar sus vidas”, se pregunta y asegura que si contaran con las herramientas “no hubiésemos dejado pasar tanto tiempo”.

“Las familias están apostadas afuera de los centros sin saber si están vivos o heridos. Es un abandono, un atropello”, se queja.

El país cuenta con 2.800 agentes de seguridad penitenciaria que vigilan a una población de más de 30.000 presos.

La incertidumbre se acrecienta con la circulación de varios videos en los que se observa a los guardias arrodillados, esposados o incluso amenazados con cuchillos por los reclusos, que los obligan a leer un mensaje exigiendo al gobierno que no se traslade a los presos a otros centros porque atentarían contra sus vidas.

El presidente Daniel Noboa, en una reciente entrevista en Radio Canela, enfatizó que su gobierno no cederá ante las presiones de grupos que desde las cárceles intentan presionarlo.

“Ellos mismos difunden imágenes para aterrorizar a la ciudadanía y para ver si pueden doblegar al presidente de la República, cosa que no va a suceder”, dijo. “Estamos haciendo todo el esfuerzo para recuperar a todos los rehenes”.

“Es difícil, es duro y me solidarizo con las familias, [pero] estamos en un estado de guerra y no podemos ceder ante estos grupos terroristas”, recalcó.

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