![En 2018, las manifestaciones masivas contra una reforma de salud del gobierno de Nicaragua se convirtieron en enfrentamientos mortales con la policía, lo que resultó en 355 muertos y más de 100.000 exiliados, según la CIDH. [Imágenes de archivo].](https://gdb.voanews.com/03a80000-0aff-0242-cb64-08da2181a4e5_w250_r1_s.jpg)
Las graves violaciones a los derechos humanos que vienen ocurriendo en Nicaragua, desde el 18 de abril de 2018, por parte del Gobierno de Daniel Ortega “permanecen en completa impunidad” y “siguen profundizándose”, denunció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
De acuerdo con el organismo, cuatro años después de las protestas que marcaron el inicio de la crisis política, social y de derechos humanos en el país centroamericano, las graves violaciones a los derechos humanos y el progresivo quebrantamiento del Estado de derecho “continúan profundizándose”.
Las manifestaciones que, exigía la renuncia de Daniel Ortega, paralizaron durante cinco meses a Nicaragua, dejando más de 300 muertos y más de 100.000 exiliados, según la CIDH, que además señaló que luego de dichas protestas, Nicaragua vive en “un estado de excepción de facto y la persistencia de la impunidad”.
El órgano, que tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región, explicó en su último informe que la Administración Ortega busca “perpetuarse de manera indefinida en el poder, y mantener sus privilegios e inmunidades, en un contexto de corrupción, fraude electoral e impunidad estructural.”
Ortega, de 76 años y en el poder desde 2007, está en su cuarto mandato consecutivo, mientras muchos de sus opositores están encarcelados, acusados de conspirar contra su gobierno con el apoyo de Estados Unidos.
Hechos que se suman a la cancelación de varios partidos de oposición, oenegés, universidades privadas y periódicos independientes; así como a una serie de reformas a las leyes del país, aprobadas por el partido gobernante, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Desde el exilio
“Duelen muchas cosas”, dijo a la Voz de América, Enrique Martínez, estudiante nicaragüense exiliado en Costa Rica y quien participó en las protestas de 2018.
Para Martínez, a pesar del dolor de lo perdido, de las cancelaciones y los cierres de los centros educativos, los estudiantes nicaragüenses continúan “exigiendo justicia” desde el exilio y no se detendrán pidiéndola.
“Le decimos a la dictadura que no nos vamos a rendir, que vamos a seguir exigiendo justicia, libertad y democracia en Nicaragua desde dentro y fuera del país.” Aseguró.
Al mismo reclamo del joven nicaragüense se suman unas 71 organizaciones sociales que, a través de un comunicado, volvieron a denunciar que más de 171 personas permanecen privadas de libertad y que miles más han salido al exilio debido a "la represión".
Las organizaciones, entre las que se encuentran Articulación de Movimientos
Sociales y el Comité Pro Liberación de Presas y Presos Políticos de Nicaragua (CPLPPN), hicieron un llamado a la comunidad internacional a no dejar solo al pueblo de Nicaragua.
"En estos cuatro años de intensa labor nos queda claro que la comunidad internacional puede y debe seguir contribuyendo al retorno de la democracia en Nicaragua", cita el documento que luego añade que "la caída de la dictadura solamente será posible mediante un trabajo concertado y bien organizado entre la
comunidad internacional y la oposición unificada de Nicaragua", concluyeron.
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