El abogado y periodista Roberto Larios, quien por más de dos décadas ha fungido como vocero de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, fue arrestado, según denuncian diferentes organizaciones de derechos humanos.

“Se les están violentando derechos humanos y las autoridades están contraviniendo la norma”, expresó a la Voz de América Pablo Cuevas, director de la Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos.

Cuevas, un veterano defensor de derechos humanos, explica que, como ha ocurrido con la mayoría de opositores y sacerdotes, la audiencia inicial contra el funcionario judicial se realizó de forma privada el pasado martes.

“En el caso de la clandestinidad de las audiencias, este es un modo de operar de la dictadura y lo seguirán haciendo, aunque vulnera la ley”, explicó el defensor.

Según organizaciones de derechos humanos, es el primer funcionario acusado por la Ley 1055, mejor conocida como ley de traición a la patria.

“Debe entenderse como propia manifestación de un régimen que tiene una generalizada y sistemática persecución y represión en Nicaragua”, expresa Gonzalo Carrión, director del Colectivo de DDHH Nicaragua Nunca Más.

Activistas sugieren que la detención podría ser consecuencia de inconformidades dentro de la estructura del Estado.

“En el caso de Roberto Larios, que lo acusan de conspiración y traición a la patria, pues bien sabemos que, en Nicaragua, los Ortega Murillo se ven a sí mismos como la patria”, mencionó a la VOA, Héctor Mairena, activista de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco.

Al igual que con las audiencias de opositores y religiosos encarcelados, el gobierno no se ha referido a la detención de Roberto Larios.