La CIDH insta a los Estados a ser transparentes en la compra de vacunas

América Latina sigue rezagada en cuanto a inmunización por COVID-19 respecto a países desarrollados, la pobreza se agudiza mientras sigue la pandemia. [Foto de archivo].

Expertos temen que el secretismo en las compras por parte de los Estados propicie la corrupción, así como la marginación de grupos vulnerables para ser inmunizados del virus.

El fuerte impacto de la pandemia de COVID-19, que a más de un año castiga inclemente a varios países de América Latina con sucesivas olas del contagios y que ha dejado una estela de mortandad, además de la crisis económica y social a la región, según coincidieron un grupo de expertos, responde a la situación de desigualdad en estos países y donde las vacunas siguen siendo un bien escaso.

En un evento en línea organizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se puso el perspectiva el tema “Pandemia, vacunas y derechos humanos en las Américas”, un debate donde participaron prominentes figuras del sector de derechos fundamentales.

La discusión partió de la Resolución 1/2021 “Las vacunas contra el COVID-19 en el marco de las obligaciones interamericanas de derechos humanos”, donde se han estratificado 7 aspectos esenciales que los países deben abordar con prontitud para garantizar no solo la aplicación de la inmunización sino también actuar con transparencia e información a las poblaciones.

La alta comisionada de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien fue parte del foro subrayó que la pandemia puso en evidencia muchos de los temas de desigualdades y vulnerabilidad que ya venían tocándose en la región, pero los trajo al primer plano por lo que las agencias encargadas de derechos humanos han tenido que actuar con rapidez para evidenciar las obligaciones de los estados.

La pandemia tomó por asalto al mundo entero, pero el golpe fue más fuerte en las Américas"

Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para Derechos Humanos

“Algunos de los efectos más claros de la pandemia que han implicado y seguirán implicando que la situación de derechos humanos se siga deteriorando… La pandemia tomó por asalto al mundo entero, pero el golpe fue más fuerte en las Américas y la región ha superado recientemente la terrible marca de 1.5 millones de vidas perdidas por COVID-19”, acotó Michelle Bachelet antes de adentrarse en otros puntos.

La resolución emitida por la CIDH toca el acceso a las vacunas como “bienes y servicios” de salud y apegados al principio de igualdad y no discriminación, también sobre el “derecho al acceso a la información, transparencia y combate contra la corrupción”, en el proceso de compras y administración de los antídotos por parte de los países, así como la cooperación internacional para hacer frente al problemática, entre otros puntos.

Your browser doesn’t support HTML5

Michelle Bachelet

Bachelet agregó que detrás de cada cifra que surge, a medida que se actualizan los recuentos, hay tragedias humanas y los grupos vulnerables son sin duda los más golpeados en todos los aspectos, desde el impacto mismo a las víctimas fatales, como los enfermos y las grandes mayorías que cargan con los costos sociales y económicos derivados de la crisis sanitaria.

Puerta a la corrupción ante la falta de transparencia

El apartado V de la resolución hace especial referencia al tema del “derecho de acceso a la información, transparencia y combate contra la corrupción” para ello el foro eligió a Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para América Latina para adentrarse en el punto.

Guevara Rosas trazó sobre el mapa regional donde la organización ha seguido de cerca los casos de países del hemisferio occidental donde buena parte de estos ha cerrado contratos con las compañías farmacéuticas en entornos de secretismo, lo que preocupa por la eventual ventana a la corrupción y falta de transparencia que esto supone.

La CIDH subraya que los Estados están sujetos a la transparencia activa y que deben “divulgar proactivamente aquellos datos referidos a registros, estudios, planes de vacunación y en general la información relativa a la adquisición, importación y priorización en la aplicación de las vacunas”.

También lea La pandemia deja al descubierto el impacto de la corrupción en América Latina

Les recuerda a los gobiernos que la asignación de recursos públicos para la adquisición de las vacunas genera obligaciones en materia de acceso a la información y por lo tanto la ciudadanía debe estar informada, aparte de tener también información selectiva sobre las implicaciones de ser vacunado.

Para Erika Guevara Rosas el contexto mismo de la pandemia donde los estados se han arrogado facultades “muy discutidas en algunos casos” para hacer frente a la problemática sanitaria y ahora a la inmunización dejan claras luces de fallas en ese punto.

“Hoy día las personas en la región parecen estar atrapadas entre un virus que continúa su avance en muchas partes del continente, la sombra de la corrupción y la impunidad, algunas de las respuestas ineficaces de nuestros propios gobiernos, empresas farmacéuticas que se aprovechan y países ricos que están acaparando las dosis de vacunas” señaló Guevara Rosas.

Your browser doesn’t support HTML5

Erika Guevara Rosas

La directora de Amnistía Internacional para las Américas dijo que desde el inicio de las campañas de vacunación en algunos países de la región se han activado las alarmas sobre la opacidad en las firma de contratos con las empresas encargadas de proveer las vacunas, como ante la falta de información detallada sobre las compras, y las vacunas mismas.

Dos décadas de retroceso en pobreza extrema y 209 millones de pobres en el hemisferio

El impacto de la pandemia y la lenta aplicación de vacunas en los países latinoamericanos, más la aguda crisis económica derivada de la situación sanitaria han creado las condiciones para un retraso de más de dos décadas en los avances en combate a la pobreza, la desigualdad y por ende la vulneración de derechos humanos.

Como invitado al foro para ahondar en el punto de la Resolución de la CIDH sobre la Cooperación Internacional estuvo Alberto Arenas, director de Desarrollo Social de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), quien puso en perspectiva los números a partir de sus propios informes que muestran el gris panorama para el subcontinente americano.

“La crisis sanitaria no ha terminado y por tanto la crisis económica social continua en la región. América Latina y el Caribe han sido una de las regiones en desarrollo más afectadas, a pesar que solo el 8.4% de la población mundial vive en la región en ella se acumulan el 19% por ciento de los contagios a nivel mundial y el 29% de las muertes causadas por la enfermedad”, explicó de entrada.

También lea ¿Podrá Estados Unidos esquivar la corrupción para que multimillonaria ayuda llegue a Centroamérica?

La CEPAL, dijo el experto, estimó que la caída del Producto Interno Bruto, (PIB) para la región será del 7,1%, las tasas de desempleo tocarán los dos dígitos a un nivel de más del 10% de desocupados, cuyo impacto se verá reflejado en el trabajo informal y grupos puntuales como jóvenes y mujeres.

En esa línea Arenas dice que en el organismo han proyectado un aumento de 30,5% de pobreza en el año 2019 a un 33,7% de la pobreza en la actualidad, esto implica en números netos que –a partir de las proyecciones de CEPAL- 209 millones de latinoamericanos vivirán en condiciones de pobreza y la pobreza extrema también aumentará a unos 78 millones de latinoamericanos viendo en situación precaria.

Con los datos consolidados que maneja el organismo latinoamericano se indica que la pobreza relativa ha retrocedido 12 años y la pobreza extrema habrá corrido dos décadas hacía atrás; con lo que se estaría volviendo a cifras que la región tenía para entrar al actual milenio.

¡Conéctate con la Voz de América! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones; o bien, síguenos en redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.