Argentina amaneció este jueves negando que el fracaso de la negociación con los fondos buitre signifique una debacle económica para el país y asegurando que decir que el país ha caído en impago “es una patraña absurda”.
“Los argentinos pueden estar en calma porque mañana será otro día y el mundo seguirá dando vueltas”, había dicho su ministro de Economía, Axel Kicillof.
No obstante, el jueves, el mercado de bonos cayó un 20% y las acciones de empresa importantes como la petrolera YPF, bajaron un 8%, pero la mayoría de analistas esperaban que las consecuencias mundiales fueran limitadas, en parte porque Argentina dejó de estar presente en los mercados crediticios mundiales desde el default anterior de 2002.
Aun así, la indignación en el gobierno era grande.
El jefe de gabinete de la presidenta Cristina Kirchner, Jorge Capitanich, responsabilizó a la comunidad internacional y al poder judicial estadounidense de “mala praxis” y de “avalar la acción de grupos minúsculos que pretenden fulminar un proceso de reestructuración de deuda soberana”.
Capitanich aseguró que recurrirán a los organismos internacionales como la Corte Internacional de Justicia de La Haya para resolver el reclamo.
En todo caso la reacción dista mucho del caos que causó el impago de 2001, cuando millones de argentinos perdieron sus trabajos, colapsó la economía y docenas de personas murieron en las protestas.
Del otro lado, los dueños de los fondos que no han aceptado pagos parciales dijeron en un comunicado que muchas de las “soluciones creativas” que se plantearon en la negociación y que ellos aceptaron, “Argentina se negó a considerarlas seriamente, y en su lugar eligió el default”.
En eso sí está de acuerdo la calificadora de riesgos Estandar&Poor, aunque prefirió denominarla “default” selectiva, ya que el gobierno ha elegido no pagar una parte de su deuda, pero no toda.
En otras palabras, Argentina puede pagar, pero ha elegido no hacerlo.
En tanto, este jueves se supo que el juez federal estadounidense Thomas Griesa convocó a una audiencia a realizarse el viernes a las 11 de la mañana en los tribunales del sur de Manhattan en Nueva York y se espera que el gobierno de la presidenta Cristina Fernández envíe una comitiva de altos funcionarios de su gobierno.