Una juez federal de EE.UU. emitió un mandato el lunes retrasando la que habría sido la primera ejecución federal en 17 años, programada para más adelante en el día, frustrando al menos por ahora el objetivo de la administración Trump de revivir la pena capital a nivel federal.
La jueza Tanya Chutkan del tribunal de distrito de EE.UU. en Washington ordenó al Departamento de Justicia de la nación que retrase cuatro ejecuciones programadas para julio y agosto para permitir la continuación de los desafíos legales de los condenados contra un nuevo protocolo de inyección letal anunciado en 2019.
"La evidencia científica ante el tribunal indica abrumadoramente que es muy probable que el Protocolo de 2019 cause a los Demandantes un dolor extremo y un sufrimiento innecesario durante sus ejecuciones", escribió Chutkan en su orden.
La jueza dijo que los reclusos probablemente tendrían éxito en su afirmación de que el nuevo protocolo de una droga que usa pentobarbital, un poderoso barbitúrico, violó una prohibición constitucional de castigos "crueles e inusuales".
Chutkan se puso del lado de un experto médico citado por los reclusos quien dijo que una inyección de dosis altas de pentobarbital era lo suficientemente cáustica como para llenar rápidamente los pulmones de un condenado con líquido sanguinolento, lo que le haría sentir como si se estuviera ahogando por algún tiempo antes de perder el conocimiento.
Para que sus muertes sean menos dolorosas, los reclusos han propuesto que el Departamento de Justicia agregue morfina o un analgésico similar al protocolo de inyección letal, o haga arreglos para que sean ejecutados por un pelotón de fusilamiento, un método utilizado por última vez hace una década por el gobierno de Utah.
El Departamento de Justicia le dijo a la corte que apelaría la orden judicial, diciendo en una presentación judicial que su extensa planificación para las fechas de julio y agosto, que incluyen simulacros de entrenamiento para el equipo de ejecución, formado por 40 personas, y la reserva de transporte y habitaciones de hotel, "no puede ser fácil de deshacer ".
El gobierno federal de Estados Unidos iba a llevar a cabo la primera ejecución federal en casi dos décadas este lunes, por sobre la objeción de la familia de las víctimas y después de una serie de procedimientos legales por la pandemia de coronavirus.
Estaba previsto que Daniel Lewis Lee, de Yukon, Oklahoma, muriera por inyección letal a las 4 p.m. en una prisión federal en Indiana. El condenado fue declarado culpable en Arkansas de los asesinatos en 1996 del traficante de armas William Mueller, su esposa, Nancy, y su hija de ocho años, Sarah Powell.
La ejecución, la primera de un preso federal condenado a muerte desde 2003, se había ordenado después de que un tribunal federal de apelaciones levantara una orden judicial el domingo emitida la semana pasada después de que la familia de las víctimas argumentara que correrían un alto riesgo de contraer el coronavirus si tuvieran que viajar para asistir a la ejecución. La familia ha prometido apelar ante la Corte Suprema.
La ejecución de Lee fue bloqueada el viernes por un juez federal atendiendo a la demanda de los familiares. La demanda presentada contra el Departamento de Justicia en la corte federal de Indianápolis buscaba bloquear la ejecución hasta que la pandemia pasara.
La jueza de distrito Jane Magnus-Stinson ordenó al departamento que retrase la ejecución hasta que pueda demostrar que defiende el derecho de los demandantes a asistir a la ejecución sin arriesgar su salud.
El gobierno apeló y el domingo, el séptimo Tribunal de Apelaciones de Circuito de Estados Unidos anuló la orden, diciendo que ningún estatuto o regulación federal daba a las víctimas el derecho de asistir a la ejecución.
La muerte programada de Lee es una de las cuatro ejecuciones federales previstas para julio y agosto. Los cuatro hombres fueron condenados por matar niños.
(Con información de AP y Reuters)