El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) celebró este lunes una sesión extraordinaria en la que se evaluó la crisis sociopolítica que se vive en Nicaragua, de conformidad con la carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana.
La sesión se dio luego de una resolución aprobada el pasado 12 de noviembre en donde fueron declarados los comicios nicaragüenses del 7 de noviembre como “ilegítimos” por la forma en que Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, obtuvieron un nuevo mandato.
Como era previsible, el representante permanente alterno de Nicaragua ante la OEA, Michael Campbell Hooker, rechazó la sesión, que tildó de “injerencista”, y recalcó que el gobierno de Ortega mantiene su posición “irrevocable” de desvincularse del organismo.
Sin embargo, Bradley Freden, representante interino de Estados Unidos en la OEA, indicó que con esto la pareja presidencial busca ganar tiempo después de los comicios, tras los que Ortega “sigue dirigiendo el país como si fuera una empresa familiar”.
También lea Buscan apoyo del Vaticano para liberar a opositores en NicaraguaDurante la sesión, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, consideró que la única ruta posible para solucionar la crisis en Nicaragua “es la celebración de nuevas elecciones con un proceso con garantías, observación electoral calificada y verdadera competencia electoral en el marco de un Estado respetuoso de los derechos humanos”.
El secretario general indicó que los comicios recientes “no fueron ni libres, ni justos”, violando así algunos convenios firmados por Nicaragua.
“A pesar de las diversas oportunidades para ofrecer comicios libres, el gobierno corrió por el camino del autoritarismo”, concluyó.
Por su parte, Alberto Brunori, representante de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, expuso una serie de anomalías que se dieron en el contexto del proceso electoral, como la cancelación de partidos políticos y los procesos judiciales en contra de siete precandidatos presidenciales.
También lea Nicaragua: ¿Qué ha pasado con la propuesta de la Iglesia Católica de mediar para un diálogo político?De igual forma denunció que a estos opositores, junto a otras 32 personas arrestadas en el marco electoral, les fue violado su derecho a la defensa, el derecho a comunicarse con sus familiares y el derecho a un trato digno. Por todo ello, la Alta Comisionada ha solicitado, sin éxito, en reiteradas ocasiones que sean liberadas.
En tanto Urrejola, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lamentó que la población nicaragüense continúa viéndose afectada por un Estado policial que ha lastrado los derechos constitucionales de los opositores.
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