El Consejo Permanente de la OEA se reúne otra vez este miércoles en busca de consenso sobre la situación de Paraguay tras la destitución del presidente Fernando Lugo.
El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) se reunirá nuevamente mañana miércoles para tratar de hallar una postura común respecto a Paraguay y la negativa de algunos gobiernos encabezados por el de Venezuela de no aceptar la destitución el pasado 22 de junio en ese país del presidente Fernando Lugo.
Esta reunión extraordinaria sería la cuarta del organismo regional en busca de un consenso sobre el juicio político realizado a Lugo en el Congreso paraguayo, que lo halló responsable de mal desempeño de sus funciones, lo que propició su destitución e hizo que el vicepresidente, Federico Franco, asumiera las riendas del país.
Los estados miembros de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y el bloque comercial Mercosur suspendieron a Paraguay hasta las elecciones presidenciales de abril próximo en represalia por lo que consideraron un “golpe de estado” contra el mandatario de izquierda.
Los gobiernos de Venezuela, Nicaragua, Ecuador y Bolivia, declarados abanderados de la causa contra el actual mandatario, demandan además que Paraguay sea suspendido de la OEA, a pesar de que luego de viajar a Asunción el mes pasado y consultar a todos los sectores políticos paraguayos, el secretario general del organismo, José Miguel Insulza, se opone.
Insulza y también países como EE.UU. y Canadá se han opuesto a suspender y sancionar a Paraguay, mientras que otros se inclinan por debatir el asunto en una reunión de cancilleres del grupo hemisférico.
El gobierno paraguayo ha presentado oficialmente a la OEA una solicitud para que el organismo envíe una misión de “acompañamiento y observación electoral” con vista a los comicios presidenciales del próximo 21 de abril, que las autoridades de Asunción se han comprometido a que se desarrollen de manera “libre, soberana y democrática”.
Esta reunión extraordinaria sería la cuarta del organismo regional en busca de un consenso sobre el juicio político realizado a Lugo en el Congreso paraguayo, que lo halló responsable de mal desempeño de sus funciones, lo que propició su destitución e hizo que el vicepresidente, Federico Franco, asumiera las riendas del país.
Los estados miembros de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y el bloque comercial Mercosur suspendieron a Paraguay hasta las elecciones presidenciales de abril próximo en represalia por lo que consideraron un “golpe de estado” contra el mandatario de izquierda.
Los gobiernos de Venezuela, Nicaragua, Ecuador y Bolivia, declarados abanderados de la causa contra el actual mandatario, demandan además que Paraguay sea suspendido de la OEA, a pesar de que luego de viajar a Asunción el mes pasado y consultar a todos los sectores políticos paraguayos, el secretario general del organismo, José Miguel Insulza, se opone.
Insulza y también países como EE.UU. y Canadá se han opuesto a suspender y sancionar a Paraguay, mientras que otros se inclinan por debatir el asunto en una reunión de cancilleres del grupo hemisférico.
El gobierno paraguayo ha presentado oficialmente a la OEA una solicitud para que el organismo envíe una misión de “acompañamiento y observación electoral” con vista a los comicios presidenciales del próximo 21 de abril, que las autoridades de Asunción se han comprometido a que se desarrollen de manera “libre, soberana y democrática”.