El escándalo por las agresiones sexuales cometidas por miembros del Ejército estadounidense vuelve a la palestra.
Si pensó que los agresores habían respondido ante la justicia podría estar equivocado.
Una nueva investigación realizada por la agencia AP reveló que el Pentágono desinformó al Congreso con datos vagos e inexactos sobre los casos de agresiones sexuales para dar la falsa imagen que las autoridades militares estaban más dispuestas a castigar a los agresores que las autoridades civiles.
De esta manera, los militares estadounidenses acusados no fueron procesados por autoridades civiles sino después por tribunales militares, que en muchos casos no siguieron el debido proceso.
El propósito de ofrecer una información imprecisa al Congreso fue mitigar el apoyo en el Senado a un proyecto de ley, que podría haber hecho grandes cambios en cómo los militares manejan las acusaciones sobre agresiones sexuales.
Los documentos presentados respaldaron la posición del Pentágono, que otorga a los comandantes la autoridad de decidir qué crímenes van a juicio, lo que significaría que menos víctimas obtendrían justicia porque habrían menos acusados.
Esta nueva revelación podría ocasionar que el Congreso se sienta engañado y decida abrir nuevamente a votación el proyecto de ley tan pronto como para el mes de junio.
Los documentos se consiguieron a través de una solicitud amparada por la Ley de Libertad de información presentada por el grupo activista Protect Our Defenders, que patrocina el Proyecto de ley en mención.
La legislación pretende frenar los asaltos sexuales despojando a los militares de alto rango su responsabilidad de decidir si inicia o no un proceso por asalto sexual y asigna esa autoridad a un equipo de abogados militares independientes.