A woman holds a banner depicting Honduran murdered environmentalist Berta Caceres during a protest against the government of…
Una mujer sostiene una pancarta que representa a la ambientalista hondureña Berta Cáceres durante una protesta contra el gobierno del presidente hondureño Juan Orlando Hernández en Tegucigalpa el 3 de octubre de 2020.

El juicio oral contra Roberto David Castillo, expresidente ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos (DESA), en prisión desde 2018 como presunto autor intelectual del asesinato hace cinco años de la ambientalista Berta Cáceres, se inició el martes en Honduras con tres horas de retraso y bajo total hermetismo, según aseguró a los medios una de las hijas de la activista.

La Misión de Observación Calificada, encargada de dar seguimiento al proceso, Laura Zúñiga, una de las hijas de Berta Cáceres, y observadores internacionales, denunciaron que se les vetó la entrada a la sala del Tribunal de Sentencia. Ante la medida otros organismos internacionales como Amnistía Internacional han alertado a las autoridades hondureñas sobre la necesidad de garantizar la transparencia del proceso.

Durante el proceso, que se extenderá durante varios días, hasta el 30 de abril, la parte defensora pretende exhibir pruebas que buscan comprobar que el presunto autor intelectual del crimen, Castillo, es culpable.

Cáceres fue asesinada a tiros, el 2 de marzo de 2016, en la ciudad de La Esperanza de Honduras, previo a eso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había dictado, desde 2009, medidas cautelares para protegerla de las constantes amenazas que recibía.

Bertha Zúñiga, otra de las hijas de Cáceres, y presidenta del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), junto a sus familias y su equipo legal indicaron que el juicio contra Castillo debe “ser tan solo el inicio del proceso de juzgamiento de las personas involucradas en el crimen”.

El asesinato de la líder ambientalista Berta Cáceres el 2 de marzo de 2016 generó protestas en Honduras.
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De acuerdo con lo manifestado por Zúñiga el asesinato de la ambientalista tuvo su origen “en los actos de corrupción con los cuales fue otorgada la concesión del Sagrado Río Gualcarque”, donde se pretendía construir el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, desarrollado por DESA. Algo que los ejecutivos de la empresa han rechazado.

(Colaboración Oscar Ortiz desde Honduras)