Cuatro expresidentes latinoamericanos suscribieron una declaración en la que critican a las autoridades de Venezuela, condenan la represión de manifestantes en ese país y piden la liberación del líder opositor Leopoldo López.
El documento está firmado por los exmandatarios Oscar Arias (Costa Rica), Fernando Henrique Cardoso (Brasil), Ricardo Lagos (Chile), y Alejandro Toledo (Perú).
Los cuatro dicen haber observado “con preocupación y alarma” las manifestaciones estudiantiles pacíficas de las últimas semanas en Venezuela, “que han sido objeto de una represión desproporcionada por parte de la fuerza pública y de ataques por parte de grupos armados ilegales que algunos medios vinculan con partidos políticos en el gobierno”.
Los expresidentes se hacen eco de las denuncias de jóvenes de “torturas y tratos inhumanos y degradantes por parte de las autoridades”.
Mencionan además el hostigamiento a la prensa y el obstáculo puesto a los medios de comunicación para que informen de los hechos, “incluyendo la eliminación del aire de un canal internacional de televisión y la amenaza de hacer lo mismo con otro, agresiones físicas a periodistas…”
También destacan que “se amenaza con procesos penales a numerosos estudiantes presos; el señor Leopoldo López, líder de un partido opositor, ha sido precipitadamente privado de su libertad e inculpado por diversos delitos, con un sesgo notoriamente político y otros líderes democráticos son perseguidos penalmente por razones políticas”.
La declaración urge al gobierno venezolano y a todos los partidos y actores políticos, pero especialmente a las autoridades “a establecer un debate constructivo” conforme a los principios consagrados en la Carta Democrática Interamericana.
En consecuencia, señala como indispensable “que se ponga cese de inmediato a la persecución contra los estudiantes y los líderes de oposición, incluida la liberación del señor Leopoldo López y de todos los detenidos o perseguidos por razones políticas”.
Igualmente, añade, “es imperativo que se adelante una investigación independiente y transparente sobre las denuncias de torturas y otras violaciones a los derechos humanos y que se ponga cese al hostigamiento a la prensa independiente, incluido el restablecimiento de la señal del canal internacional de TV abolido por el Gobierno”.
El documento está firmado por los exmandatarios Oscar Arias (Costa Rica), Fernando Henrique Cardoso (Brasil), Ricardo Lagos (Chile), y Alejandro Toledo (Perú).
Los cuatro dicen haber observado “con preocupación y alarma” las manifestaciones estudiantiles pacíficas de las últimas semanas en Venezuela, “que han sido objeto de una represión desproporcionada por parte de la fuerza pública y de ataques por parte de grupos armados ilegales que algunos medios vinculan con partidos políticos en el gobierno”.
Los expresidentes se hacen eco de las denuncias de jóvenes de “torturas y tratos inhumanos y degradantes por parte de las autoridades”.
Mencionan además el hostigamiento a la prensa y el obstáculo puesto a los medios de comunicación para que informen de los hechos, “incluyendo la eliminación del aire de un canal internacional de televisión y la amenaza de hacer lo mismo con otro, agresiones físicas a periodistas…”
También destacan que “se amenaza con procesos penales a numerosos estudiantes presos; el señor Leopoldo López, líder de un partido opositor, ha sido precipitadamente privado de su libertad e inculpado por diversos delitos, con un sesgo notoriamente político y otros líderes democráticos son perseguidos penalmente por razones políticas”.
La declaración urge al gobierno venezolano y a todos los partidos y actores políticos, pero especialmente a las autoridades “a establecer un debate constructivo” conforme a los principios consagrados en la Carta Democrática Interamericana.
En consecuencia, señala como indispensable “que se ponga cese de inmediato a la persecución contra los estudiantes y los líderes de oposición, incluida la liberación del señor Leopoldo López y de todos los detenidos o perseguidos por razones políticas”.
Igualmente, añade, “es imperativo que se adelante una investigación independiente y transparente sobre las denuncias de torturas y otras violaciones a los derechos humanos y que se ponga cese al hostigamiento a la prensa independiente, incluido el restablecimiento de la señal del canal internacional de TV abolido por el Gobierno”.