El informe de 2019 de Human Rights Watch (HRW) publicado el jueves 17 de enero de 2019 hace análisis de la situación que atraviesan en materia de derechos humanos países como Nicaragua, Venezuela, México y Brasil.
La situación de derechos humanos en Venezuela y Nicaragua se agudiza por la falta de separación de poderes con la persecución y amenazas contra opositores, asegura la CIDH.[Foto de archivo]

WASHINGTON DC - Durante el primer año de la pandemia de COVID-19 los pueblos latinoamericanos experimentaron, en diferentes escalas, retrocesos en materia de derechos y libertades fundamentales, según señala el Informe Anual 2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia adscrita a la Organización de los Estados Americanos (OEA).

En el documento de 1.238 páginas, la CIDH, que vigila el estricto cumplimiento de los derechos fundamentales en los 34 Estados que conforman la OEA, 25 de los cuales han ratificado la Convención Americana en materia de derechos humanos, manifiesta sus preocupaciones sobre el tratamiento de los estados a sus ciudadanos durante la crisis sanitaria y las consecuencias posteriores a ésta, aunado a las crisis políticas que ya estaban en curso en varios países de la región.

En el Informe 2020, publicado el 16 de abril, la CIDH también hace un apartado especial para analizar la situación de las libertades civiles y los derechos universales en Cuba, Nicaragua y Venezuela; donde dice que en el primero de estos países, que tiene un largo historial de restricciones y represión contra disidentes, la situación se ha agudizado el año anterior con los intentos cada vez más recurrentes de grupos organizados de la sociedad civil que demandan libertad.

En Cuba “la CIDH tomó conocimiento de las persistentes restricciones a los derechos políticos, de reunión y asociación, y a la libertad de expresión y de difusión del pensamiento”, dice el informe.

Crece persecución contra opositores en Nicaragua y Venezuela

En el caso de Nicaragua y Venezuela, la instancia rectora de derechos humanos reseña con preocupación el deterioro total de la institucionalidad democrática, con poderes ejecutivos que han controlado los órganos judiciales de los dos países y con asambleas nacionales controladas por las presidencias; acciones que han llevado a un deterioro aún más evidente de los derechos humanos.

También refiere que los gobiernos de Nicolás Maduro, en Venezuela, y Daniel Ortega en Nicaragua, más el de Miguel Díaz-Canel en Cuba, han instaurado desde las estructuras del Estado y con apoyo de sus seguidores canales sistemáticos de vigilancia, persecución y hostigamiento contra sus delatores.

“La Comisión Interamericana observa que la crisis de derechos humanos en Nicaragua continúa profundizándose debido a la persistencia de una falta del principio de separación de poderes, la agudización de la represión contra las voces críticas al gobierno y la inexistencia de reformas institucionales tendientes al restablecimiento del Estado de Derecho”, expresa la CIDH en su informe de país.

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos detalló que desde el 18 de abril de 2018, ha documentado que al menos 1.614 personas han sido privadas de su libertad en el contexto de esta crisis. 

La CIDH mira con preocupación que en la nación centroamericana la situación tenderá a empeorar dadas las condiciones para este año, en que además se realizan elecciones generales, para las cuales los servicios de inteligencia de Estados Unidos prevén un aumento de la polarización; y hasta de denuncias de fraude una vez concluya el proceso electoral, en el caso de Nicaragua.

Para la Comisión Interamericana  los indicadores más preocupantes obedecen al agravamiento de las agresiones, amenazas, intimidaciones, hostigamientos y otros actos de violencia cometidos contra líderes religiosos, sociales, estudiantiles, personas excarceladas, víctimas y sus familiares por miembros de la Policía Nacional y por simpatizantes del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

En cuanto a Venezuela, el informe señala el quebrantamiento del principio de separación de poderes  como principal causante del entrampamiento de la crisis del país petrolero, aunado a la falta de garantías mínimas para la celebración de elecciones parlamentarias, la falta de independencia judicial, más la extralimitación de funciones de la Asamblea Nacional Constituyente, y los excesivos poderes del ejecutivo de Nicolás Maduro que ha declarado estado de excepción al menos 30 veces desde el año 2016.

A ello se suman los ataques y persecución contra los diputados opositores de la Asamblea Nacional, que aunque no son nuevos, han ido en escalada desde que el músculo opositor se vio fortalecido con el favor del electorado en las urnas durante las elecciones del año 2015, donde la oposición consiguió una sólida mayoría en el legislativo nacional, pero el gobierno se encargó a posteriori de frenar el proceso valiéndose de artilugios como la creación de la Asamblea Nacional Constituyente.

“La CIDH considera que la falta de independencia del Poder Judicial en Venezuela ha contribuido a que la crisis institucional no encuentre un freno. En lugar de fungir como un garante de la convencionalidad, constitucionalidad y legalidad de los actos de los otros poderes del Estado, el Poder Judicial ha creado nuevos obstáculos para superar la crisis que atraviesa el país. En 2020, la CIDH observó que el Poder Judicial venezolano opera cada vez con más opacidad, y esta circunstancia dificulta enormemente conocer, entre otras cosas, si las y los jueces son nombrados con apego a los procedimientos preestablecidos o cuál es el porcentaje de jueces provisorios del país”; señala el informe.

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También mientras avanza el deterioro institucional del país sudamericano continúa el menoscabo de los derechos humanos civiles y políticos, en especial los ataques contra la libertad de expresión y de participación en los asuntos públicos.

En el año 2020, bajo el ambiente de la pandemia en Venezuela, persistieron las detenciones arbitrarias de ciudadanos que muestran en público su descontento con el gobierno; actos manifiestos con campañas de estigmatización y hostigamiento “en perjuicio de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, así como el uso del derecho penal y otros controles sancionatorios para castigar o inhabilitar el trabajo de opositores políticos”, señala el informe

La CIDH consigna que al concluir la elaboración del Informe 2020, a principios de este año, envió copia a los países señalados -a través de los canales oficiales- a efectos de tener respuesta, pero a la fecha de publicación del informe no hubo comentarios por parte de los gobiernos.

Retrocesos y avances en otros países de la región.

Durante el primer año de pandemia de COVID-19, la CIDH contabiliza que los sectores más excluidos de los países del hemisferio occidental, como las minorías étnicas y grupos vulnerables, entre estos también los migrantes han sido los que más han sufrido ante los canales de respuesta instalados por los estados para hacer frente a la pandemia.

“Los Estados establecieron cuarentenas obligatorias, toques de queda, el cierre de espacios laborales y de actividades económicas, la suspensión de clases en los sistemas escolares, el cierre de fronteras terrestres y otras medidas que, en algunos casos tuvieron consecuencias adversas para la protección de los derechos humanos particularmente sobre grupos históricamente excluidos”, dice el informe

También denuncia que se registraron acciones con impacto discriminatorio en contra de las personas migrantes, refugiadas, desplazadas; además del agravamiento en las condiciones de las personas privadas de libertad en la región”, señala el estudio.

Durante los primeros meses de la pandemia, la CIDH, con su despliegue de observadores en todo el continente, reconoce que a nivel general se registraron de manera preocupante, restricciones ilegítimas y uso excesivo de la fuerza en protestas sociales de algunos países de la región.

También persiste el acoso, violencia y discriminación contra grupos en situación de exclusión como mujeres, niños, personas LGBTI, pueblos indígenas, grupos afrodescendientes, personas defensoras de derechos humanos, población carcelaria, los que experimentaron mayor riesgo durante la pandemia.

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La institución ve con alarma los asesinatos cometidos contra defensores de derechos humanos y líderes sociales en la región “la CIDH observa nuevamente el riesgo agravado en el que se encuentran las personas defensoras de derechos humanos y líderes indígenas, de la tierra y medio ambiente, mujeres, así como los altos niveles de impunidad frente a estos casos”, dice el informe.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también lamenta la constante violencia contra periodistas y medios de comunicación y la vulneración al libre ejercicio de periodismo y la libertad de prensa en algunos países del continente, donde predomina el clima de impunidad, por lo que llama a los estados de la región a tomar medidas concretas y eficaces para reducir esos riesgos.

Entre los aspectos positivos, la CIDH saluda los avances en políticas de seguridad ciudadana en varios países de la región, lo que ha evidenciado durante el año 2020 una disminución muy significativa del número de actos violentos y homicidios, en comparación con 2019.

También resalta los avances en materia de libertad de expresión con algunas sentencias judiciales en las Américas, como la tomada por el Tribunal Constitucional del Perú, y otras sentencias similares en Colombia y Argentina que muestran importantes avances para la promoción y garantía del derecho a la libertad de expresión.

Además destaca como aspectos positivos para el año 2020, la normativa de Colombia para buscar una solución migratoria para unos 762.857 venezolanos migrantes en ese país sudamericano; gesto similar asumido por Costa Rica que propuso un estatus temporal para nacionales de Cuba, Nicaragua y Venezuela que estuvieran de manera irregular en su territorio durante el año 2020.

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