Bajo la emergencia nacional por el coronavirus, Estados Unidos aprobó a finales de marzo las deportaciones exprés para quienes cruzan la frontera ilegalmente. También para los solicitantes de asilo, que son retornados a sus países en menos de 24 horas. Ninguna de estas personas recibe una audiencia judicial convencional, algo que ha sido criticado como una falta del debido proceso. Y esta ausencia también se estaría dando con inmigrantes indocumentados que se encuentran dentro del país desde hace años. Así lo denuncian dos ONGs pro derechos humanos que decidieron demandar a la Administración Trump.
((SOT Sergio España, Unión Estadounidense por las Libertades Civiles))
“No importa nuestro estatus migratorio, tenemos el derecho al debido proceso. Eso es parte de nuestra constitución. Entonces, el Gobierno no puede simplemente decidir detener a alguien sin demostrar por qué esa persona debe ser detenida”.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles y la Capital Area Immigrants’ Rights Coalition aseguran que en los tribunales de inmigración se imponen fianzas sumamente elevadas a individuos que no presentan un riesgo de fuga.
((SOT Sergio España, Unión Estadounidense por las Libertades Civiles))
“Esas fianzas altas, lastimosamente, es el proceso normal de las cortes de inmigración nacional y solo porque se está considerando normal por las cortes de inmigración no significa que es justo y de seguro no significa que es constitucional”.
Estas organización aseguran que esta práctica ha existido desde hace años pero durante la Administración Trump se ha extendido a nivel nacional. La Voz de América contactó con varias instituciones del Gobierno pero ninguna ofreció una respuesta sobre las practicas denunciadas.
Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
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