La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, bajo control absoluto del chavismo, aprobó el jueves una “Ley Antibloqueo” para dar a la Presidencia en disputa de Nicolás Maduro las herramientas jurídicas para “contrarrestar, mitigar y reducir” los efectos de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos desde 2015.
Abogados expertos en la Constitución, como Allan Brewer Carías, la han calificado como una “monstruosidad jurídica” que pretende suspender la vigencia de todo el ordenamiento jurídico existente en Venezuela.
La ANC, rechazada por la oposición venezolana y la comunidad internacional por su instauración ilegal hace tres años, dio el visto bueno a la “Ley Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos” tras un debate expedito por “urgencia reglamentaria”.
La norma tiene tres capítulos y 44 artículos. Según su contenido, Maduro tendrá “un marco normativo especial y temporal” para esquivar los efectos de lo que los legisladores llaman “medidas coercitivas unilaterales y otras restrictivas o punitivas emanadas o dictadas por otro estado o grupo de estados”.
Las sanciones extranjeras son, según la ley, “atentados contra el derecho internacional y, en su conjunto, constituyen crímenes de lesa humanidad”.
La ley autoriza al gobierno madurista a emprender “todos los actos o negocios jurídicos que resulten necesarios para impedir o revertir actos o amenazas de inmovilización, despojo o pérdida de control de activos, pasivos e intereses patrimoniales de la república”.
Ese artículo específico serviría de base para revertir las nacionalizaciones que las administraciones de Hugo Chávez y del propio Maduro ordenaron desde 1999, particularmente las referidas al sector petrolero, según los analistas.
El instrumento legal da la potestad al poder ejecutivo de desaplicar leyes, comercializar bienes estratégicos y otorgar discrecionalmente contratos y negocios jurídicos bajo un esquema de confidencialidad y reserva de datos.
Su artículo 16 establece que pueden registrarse “separadamente” en el tesoro nacional los ingresos adicionales generados a raíz de la ley. El 17 autoriza al gobierno de Maduro a desaplicar “determinadas normas” para superar los escollos de las sanciones estadounidenses.
“Chiste” y “secretismo”
El texto despertó críticas dentro del mismo chavismo. El Partido Comunista de Venezuela lo llamó inconstitucional y exigió un debate nacional.
Uno de los integrantes de la ANC de mayor renombre, Earle Herrera, rechazó el “secretismo” que confiere a las acciones estatales y se preguntó si estas serían para beneficiar a “burgueses”.
María Alejandra Díaz Marín, otra integrante, salvó su voto por considerar que la normativa es “inadecuada”. Denunció que el proyecto nunca se envió a los miembros de la ANC para la revisión de su contenido.
Maduro, por su parte, agradeció en Twitter su aprobación. “La Ley Constitucional Antibloqueo nos permitirá avanzar con nuevos bríos por el camino de la Revolución Bolivariana”, escribió el jueves.
Esta semana, Maduro detalló que, una vez aprobada, llevaría la Ley Antibloqueo a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para su certificación.
Diosdado Cabello, presidente de la ANC y uno de los líderes del chavismo, defendió que la ley se mantiene dentro de los márgenes de la Carta Magna. “Dentro de la Constitución todo”, dijo durante la sesión de debate.
La oposición venezolana ha tachado la ley por inconstitucional. Juan Guaidó, presidente interino y líder del Parlamento, la llamó “un chiste” y atribuyó sus errores jurídicos a que su redacción la habría orquestado el mismo Maduro.
“El entorno del dictador sabe que no les va a servir para nada, ellos saben que la única opción que ofrece garantías es un gobierno de Emergencia Nacional", dijo durante un acto público del partido Acción Democrática, la tarde del jueves.
Luis Salamanca, abogado y politólogo, prefiere llamarlo de cualquier forma menos “ley”, por considerar que solamente la Asamblea Nacional puede aprobar normativas legales según la Constitución.
“Maduro lo que hace con este instrumento es sintetizar todo lo que ha venido siendo el ejercicio de su gobierno absolutamente al margen de la Constitución y de las leyes”, explicó Salamanca en entrevista con la Voz de América.
Salamanca duda de sus efectos reales. “No por establecerlo en un instrumento pseudo jurídico se va a cumplir lo que establece allí. Es una pieza de atrincheramiento de Maduro y su régimen frente al mundo”, acota.
Llama a la norma “bodrio” y resalta que el secretismo, como política de Estado, ha sido una de las estrategias más frecuentes de Maduro en sus años de gestión.
