La condena a cadena perpetua para Juan Antonio “Tony” Hernández, hermano del presidente de Honduras Juan Orlando Hernández, ha dejado en evidencia al Gobierno hondureño, en riesgo al país, y de paso esboza el difícil camino que le espera a las relaciones de Estados Unidos con el país centroamericano, sostienen analistas.
Tony Hernández, de 42 años, fue declarado culpable en 2019 por delitos relacionados con el narcotráfico, acusado de conspirar para introducir cientos de toneladas de droga a Estados Unidos. Su hermano fue señalado por testigos del proceso por su cercanía a los delitos imputados.
El testimonio contra el presidente Hernández hecho por Geovanny Fuentes Ramírez, cuyo juicio se celebró días atrás en Nueva York, abrió un nuevo capítulo en las denuncias. El presidente Hernández ha rechazado reiteradamente las acusaciones.
Expertos consultados por la Voz de América consideran que la renuncia del mandatario hondureño liberaría todo lo que pesa sobre el país y la región en materia de credibilidad.
“Si Juan Orlando Hernández tuviera realmente un compromiso con el bienestar de Honduras y con los mejores intereses del pueblo hondureño, lo mejor que podría hacer es renunciar para no seguir manchando el honor de Honduras”, dijo Oscar Chacón, director de Alianza Américas, una organización transnacional con sede en Chicago, Illinois. La organización se autodescribe como arraigada en las comunidades inmigrantes latinas en Estados Unidos y enfocada en mejorar la calidad de vida de todas las personas en el corredor migratorio de EE. UU., México y Centroamérica.
El anuncio reciente de la fiscalía federal de Nueva York sobre el inicio de una investigación contra el presidente, no puso freno a la insistencia del mandatario sobre su inocencia. Ahora también ha impugnado a las instituciones estadounidenses.
Chacón insiste en que “lo más saludable para Centroamérica, para Honduras, ciertamente sería que el presidente renunciara de una vez por todas y se abriera el campo para iniciar un proceso por medio de un gobierno de transición, un gobierno de unidad nacional que pueda asumir las riendas de organizar las próximas elecciones en Honduras”.
Estados Unidos se desmarca y actúa
El Gobierno de Estados Unidos, por su parte, ha dejado clara su decisión de que la ayuda federal destinada a Centroamérica vaya directo a las comunidades, para atajar los flagelos que llevan a muchos por el camino peligroso de la inmigración irregular.
"Ni un dólar de los contribuyentes estadounidenses irá a un líder de gobierno", dijo sin mencionar país alguno a inicios de marzo la enviada especial a la frontera sur, Roberta Jacobson, al ser consultada sobre el futuro de las relaciones con Honduras.
Como paso colateral, la administración del presidente Joe Biden designó a la vicepresidenta Kamala Harris al frente de las gestiones migratorias en la frontera sur, en medio de las preocupaciones por el aumento en el arribo de miles de menores no acompañados, en busca de refugio en Estados Unidos.
El precedente de las elecciones de 2017 que llevaron a Hernández al poder, un proceso sobre el que pesan denuncias de fraude electoral, es un punto de análisis para el profesor y director del Center for Latin American and Latino Studies, con sede en Washington, Eric Hershberg.
“Sin duda, el presidente hondureño enfrenta de nuevo una decisión de qué hacer cuando no le permitan seguir en la presidencia (...) Ahora tiene el agravio de que sería vulnerable a una persecución en Estados Unidos o a un juicio en Estados Unidos”, señala.
Las acusaciones contra el presidente hondureño, considera Chacón, son difíciles de obviar y esto “le pone presión a la Administración Biden, porque la Administración Biden necesita de buenos socios, necesita de socios confiables, de socios honestos en América Central y estos juicios corren exactamente en la dirección contraria”.
Atacar el flagelo de la desesperanza
“Los hondureños tienen buenas razones de salir huyendo de su país”, explica Chacón al destacar que las bandas criminales son “algo generalizado e impune”. Por ello, cree que el papel de la vicepresidenta Harris sería no dejar de lado a lo que ocurre allí.
“Es una mujer con gran experiencia enjuiciando a criminales y yo creo que al revisar la evidencia de los casos que ya se resolvieron y el que está pendiente todavía en Nueva York, le va a ser muy difícil de obviar en verdad el peso de la evidencia”, expuso el investigador.
Las acusaciones contra Hernández adquieren hoy un peso importante, sugiere Hershberg: “Mientras el actual presidente siga en su cargo, las relaciones con el Gobierno de Estados Unidos van a ser muy muy tensas”.
La Administración Biden ha anunciado una partida de 4.000 millones de dólares –no aprobada todavía por el Congreso- para la ayuda a países del Triángulo Norte (Honduras, Guatemala y El Salvador), pero existen dudas respecto a qué manos iría a parar la multimillonaria cifra.
“Yo creo que las autoridades en Estados Unidos y los observadores desde fuera, de la región, y los ciudadanos hondureños tienen muy claro que esos recursos no se pueden canalizar a través de los mismos ladrones y violadores de derechos humanos que han provocado la crisis que vive hoy en día Honduras”, concluyó el profesor Hershberg.
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