La Ley de Organizaciones Mafiosas y Corruptas, o RICO Act (por sus siglas en inglés), establece como ilegal que cualquier persona, a través de un patrón de asociación ilícita o ganancias derivadas de ella, adquiera o mantenga, directa o indirectamente, cualquier interés o control de cualquier empresa, propiedad inmueble o propiedad personal de cualquier naturaleza, incluido el dinero.
Además, establece como un acto delictivo que cualquier persona conspire para intentar cometer violaciones dispuestas en el Código Penal, entre los que se encuentran la extorsión y falsificación de documentos. Su disposición de conspiración permite, además, vincular delitos que estén interrelacionados “por características distintivas”, es decir, con un objetivo común.
Aunque en Georgia fue adoptada como una ley estatal, la Ley RICO existe a nivel federal desde 1970, según el Departamento de Justicia, con el fin de hacer frente a "las actividades ilegales de quienes participan en el crimen organizado”. Estas, sin embargo, se diferencian en que la ley de Georgia es más amplia y extiende el concepto de “empresa” a personas jurídicas.