De ahora en adelante, las autoridades colombianas podrán realizar allanamientos y arrestos sin necesidad de una orden judicial, bajo los términos de un decerto destinado a reprimir a los rebeldes izquierdistas.
Las nuevas reglas permiten a las autoridades inspeccionar viviendas, embarcaciones y aeronaves sin una orden de allanamiento y mantener a personas detenidas durante 24 horas antes de entregarlas a un fiscal público.
Las nuevas regulaciones también facilitan a las autoridades intervenir líneas telefónicas y restringir el movimiento de civiles colocando partes del país bajo control militar.