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Continúa la polémica sobre la clausura del curso escolar en Bolivia


El ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, se opuso al fallo de un juez constitucional que anuló la clausura el año escolar.

El gobierno quiere cerrar las escuelas para evitar contagios, pero un magistrado del constitucional ha fallado en contra de la medida. El ejecutivo afirma que se trata de una decisión política, no judicial.

Un fallo de un juez constitucional anuló la clausura del año escolar que decidió el gobierno interino de Bolivia a principios de mes, como medida para proteger la salud de los niños y jóvenes en medio de la pandemia del coronavirus.

Esta sorpresiva decisión fue rechazada por el ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, que aseguró que se trata de una acción política, al ser emitida por un juez al que se le atribuyen lazos con el partido Movimiento al Socialismo (MAS) del expresidente Evo Morales.

“Esta resolución política, no jurídica, no va a quedar así”, dijo Cárdenas. “Vamos a denunciar a la Fiscalía. Esta ha sido una resolución dictada por el MAS desde Buenos Aires para crear confusión en la Bolivia educativa”, dijo el ministro en clara alusión al paradero de Morales, que actualmente reside en la capital argentina.

Tras el fallo judicial, hay un plazo de 10 días para que el gobierno, a través del Ministerio de Educación, presente una política integral que garantice el derecho a la educación.

“Esta resolución política, no jurídica, no va a quedar así”, dijo el ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, sobre el fallo del juez respecto al fin del curso escolar.
“Esta resolución política, no jurídica, no va a quedar así”, dijo el ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, sobre el fallo del juez respecto al fin del curso escolar.

La defensora del pueblo, Nadia Cruz, celebró la decisión judicial.

“Convoco al ministro de Educación a cumplir el fallo. Acá el Tribunal, lo que ha señalado es que ustedes, como Órgano Ejecutivo, han lesionado y han violado el derecho a la educación”, expresó Cruz.

Cruz es una abogada que ocupa el puesto interino de defensora del pueblo desde el 30 de enero de 2019, en tiempos de la presidencia de Morales.

En julio de 2020, el gobierno de la presidenta interina Jeanine Añez desconoció su gestión, argumentando que está usurpando funciones de la defensoría debido a que su mandato interino era de 90 días y debía concluir en abril de 2019.​

En medio de esta disputa crece la preocupación de los padres de familia por la incertidumbre generada sobre el futuro de los niños y jóvenes.

Mientras tanto, Bolivia registra esta semana un tercer repunte de contagios con 2.031 casos, uno de los números más altos desde que estalló la pandemia.

En el departamento de La Paz, uno de los más afectados, el alcalde Luis Revilla anunció un “megarrastrillaje” para detectar casos positivos de coronavirus.

“Uno de los objetivos del megarrastrillaje es identificar también a los asintomáticos; entonces, vamos a ir a las zonas o barrios donde en este momento no tenemos casos georreferenciados”, dijo Revilla.

Hasta la fecha el Ministerio de Salud ha reportado 106.065 casos de COVID-19 y 4.305 muertes.

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