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Bolivia: grupo investigador asigna responsabilidades en sucesos de 2019


El presidente de Bolivia, Luis Arce, muestra el informe de expertos de la CIDH sobre los sucesos de 2019 junto a la representante del grupo, Patricia Tappata, en La Paz, Bolivia el 17 de agosto de 2021.
El presidente de Bolivia, Luis Arce, muestra el informe de expertos de la CIDH sobre los sucesos de 2019 junto a la representante del grupo, Patricia Tappata, en La Paz, Bolivia el 17 de agosto de 2021.

Un informe de expertos internacionales de la CIDH divulgó importantes revelaciones sobre la crisis tras las elecciones de 2019 en Bolivia, generando diversas repercusiones en ese país.

Un grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el martes un informe sobre el conflicto poselectoral de 2019 en Bolivia que concluye que un “uso desproporcionado de la fuerza” provocó las matanzas de Sacaba, en Cochabamba, y Senkata, en La Paz

Según los expertos, se cometieron “graves violaciones de los derechos humanos” entre octubre y diciembre de ese año, y la responsabilidad recae, según los casos, en los dos gobiernos sucesivos: el de Evo Morales y el de Jeanine Áñez.

“Al menos 37 personas perdieron la vida en diversos lugares del país y centenares recibieron lesiones de consideración tanto físicas como psicológicas”, dijo Patricia Tappatá, una de las integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que presentó el informe.

“Lo ocurrido involucra la responsabilidad del Estado por actos de agentes estatales y de particulares”, agregó.

Sin embargo, aunque el GIEI aclaró que el informe no tiene el objetivo de establecer si hubo o no un “golpe de Estado”, el presidente Luis Arce insistió en esta narrativa.

“Áñez se declaró presidenta interina del Estado, ingresó al Palacio Quemado y un militar le colocó la banda presidencial y le entregó el bastón de mando. Si esto no es un golpe de Estado, ¿qué más pruebas podemos pedir?”, dijo Arce.

Al respecto, Efraín Suárez, secretario de Justicia de la Gobernación del departamento de Santa Cruz, consideró que el gobierno busca desvirtuar este informe.

“El presidente Luis Arce y su gobierno deben entender que es inútil seguir intentando imponer la narrativa del golpe, porque es evidente que no existió un golpe, es evidente que todo el malestar social se generó a partir del fraude y es un hecho que vivió toda la población”.

Para llegar a estas conclusiones, los miembros del GIEI explicaron que no solo revisaron amplia documentación, sino que recibieron varios testimonios de las víctimas de los hechos y los actores involucrados en todo el proceso político.

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