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México detiene a siete militares presuntamente involucrados en masacre de Tlatlaya


Los militares detenidos habían sido liberados por un tribunal en 2016. Cuatro salieron en libertad bajo fianza y tres están retenidos en una prisión militar. La masacre de 2014 dejó 22 personas muertas, presuntamente ejecutadas por agentes de la fuerza pública, según organizaciones de derechos humanos.

Más de seis años después de la matanza de Tlatlaya, las autoridades mexicanas ordenaron la reaprehensión de los militares implicados.

A mediados del pasado marzo, un tribunal emitió la orden de arresto contra siete militares involucrados en los hechos. La decisión tardó 16 meses en ser procesada, según el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C., una oenegé conocida como Centro Prodh.

Los hombres fueron absueltos entre 2015 y 2016 por otra corte que alegó falta de pruebas, pero la insistencia de los familiares de las víctimas permitió que las investigaciones continuaran y fueron capturados de nuevo, dijo el Centro.

Aun así, el pasado 26 de marzo cuatro de ellos salieron en libertad bajo fianza, aunque las autoridades aseguran que continúan siendo investigados. Los otros tres permanecen en una prisión militar.

Todos están acusados de ejercicio indebido del servicio público, pero tres enfrentan además acusaciones por homicidio. Al menos 22 personas fallecieron en la masacre, ocurrida en 2014.

¿Qué pasó el 30 de junio de 2014 en Tlatlaya?

Según la versión inicial del Gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto, los fallecidos eran supuestos delincuentes que murieron en medio de un enfrentamiento armado con los militares, en el municipio de Tlatlaya, en el estado de México, colindante con la capital del país.

Pero, uno de los tres sobrevivientes de la matanza dio un giro a la investigación cuando dio una versión completamente distinta. Según el relato del testigo, solo un civil murió en el enfrentamiento con los uniformados y los demás fueron asesinados tras ser sometidos a un interrogatorio.

De acuerdo con un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), los militares ejecutaron al menos a 15 de las 22 personas que se encontraron muertas en una bodega abandonada.

Sin embargo, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) refutó siempre la existencia de ejecuciones y respaldó la versión inicial del Gobierno.

Hasta 2019 y tras un amparo contra el auto de libertad de estos soldados, un Tribunal Colegiado resolvió tomar en cuenta los testimonios de las víctimas y un peritaje que había sido desestimado.

Caso Tlatlaya: piden investigar la “cadena de mando”

El Centro Prodh, que representa legalmente a Clara Gómez, una sobreviviente de la matanza, sostuvo que la reaprehensión de los involucrados es relevante, pero cree que hubo una “cadena de mando” que ordenó las ejecuciones, por lo que pide que las investigaciones ahonden en esta materia.

“Sigue siendo indispensable que se determine cabalmente el número de víctimas y que se investigue la cadena de mando de la orden de abatir", señaló la oenegé.

Con información de AFP y agencias.

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