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Perú tiene nuevo gobierno: ¿Qué esperar en medio de la crisis política?


Agentes de policía bloquean a manifestantes durante las protestas tras el juicio político al presidente Martín Vizcarra, en Lima, el 11 de noviembre de 2020.

Perú inauguró este martes un gobierno de transición, liderado por quien fuera hasta ayer presidente del Congreso, Manuel Merino.

Luego de que el Congreso de Perú destituyera de la presidencia a Martín Vizcarra por “incapacidad moral”, la noche del lunes, y de que casi inmediatamente asumiera el cargo de presidente Manuel Merino, analistas políticos desde Lima y Quito hacen diversas lecturas de esta crisis.

Después de la toma de posesión el martes, Merino fue el primero en aceptar que es innegable que Perú atraviesa “una crisis”.

Merino será a la fecha la tercera persona que ocupa el cargo de presidente después de que en las elecciones de 2016 ganara el liberal Pedro Pablo Kuczynski, quien en 2018 declinó al puesto previo a enfrentar un juicio de destitución por el Congreso peruano debido a su estrecho vínculo al escándalo de la multinacional brasileña Odebrecht. Kuczynski fue entonces sustituido por Martín Vizcarra, quien fungía como vicepresidente primero y quien ahora tiene que abandonar el cargo.

Vizcarra ha sido acusado de recibir más de 630.000 dólares en sobornos, cuando era gobernador regional entre 2011 y 2014 y supuestamente al otorgar la construcción de un proyecto de irrigación y de un hospital en la región de Moquegua.

El jurista y exministro de Justicia de Perú, Víctor García, dijo a la Voz de América que, el proceso legislativo contra Vizcarra se llevó a cabo de forma “regular”, y cumplió las normas y procedimientos establecidos en la Constitución. Aclaró que existe un rechazo ciudadano a la clase política, lo que fue evidente durante las protestas de las últimas horas en las calles de su país.

Víctor García
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“No es un apoyo a Martín Vizcarra, que ha sido un presidente ineficiente e incompetente (…) Hay una disociación entre –digamos- un sector de la ciudadanía y el sistema de partidos políticos”, cita el exministro para contextualizar los motivos de las protestas.

El analista en temas políticos de la región y periodista, Jorge Ortiz, explicó en entrevista con la VOA que los hechos ocurridos en Perú son parte de la turbulencia por la que atraviesa América Latina, que pueden debilitar su democracia. Mencionó que pese al crecimiento económico de los últimos años, ese país se ha visto afectado por casos de corrupción.

“A ese crecimiento tiene que acompañarlo una democracia más firme y para eso es indispensable que la próxima elección peruana sea acertada”, dijo Ortiz.

Jorge Ortiz
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El nuevo presidente peruano deberá convocar a elecciones presidenciales “de inmediato” y dijo que respetará el calendario de los comicios presidenciales, previstos para abril de 2021.

Entre los retos que le esperan a Merino de acuerdo a los analistas consultados por la VOA están: enfrentar el incremento de casos de COVID-19, reactivar la economía y combatir la corrupción.

OEA pendiente del proceso

En Washington, la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) reiteró su preocupación por la situación política en Perú, a cinco meses de la celebración de elecciones.

El organismo regional expuso que “en esta compleja coyuntura, los actores políticos son responsables de asegurar el funcionamiento democrático por el bien del país, así como de garantizar la realización de las elecciones nacionales convocadas para el 11 de abril de 2021. La celebración de estas elecciones constituye un paso esencial para asegurar una nueva etapa en la vida democrática institucional del Perú”.

Al respecto, la OEA ha asegurado la presencia de una Misión de Observación Electoral en este nuevo caso, la SG/OEA reitera que compete al Tribunal Constitucional del Perú pronunciarse respecto a la legalidad y legitimidad de las decisiones institucionales adoptadas.

La OEA afirmó que es responsabilidad política “de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (SG/OEA) velar por el cumplimiento del ejercicio efectivo de la democracia representativa como la base del Estado de derecho y los regímenes constitucionales”.

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