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Venezuela: Avanza ley para recuperar bienes “derivados” de actividades ilícitas


ARCHIVO - Vista general de la Asamblea Nacional de Venezuela, donde el líder opositor Juan Guaidó asiste a una sesión en Caracas, Venezuela, en octubre de 2019.
ARCHIVO - Vista general de la Asamblea Nacional de Venezuela, donde el líder opositor Juan Guaidó asiste a una sesión en Caracas, Venezuela, en octubre de 2019.

El Parlamento de mayoría oficialista de Venezuela aprobó, en primera discusión, la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, que permitiría transferir al Estado la titularidad de los bienes relacionados con actividades consideradas como delito en la legislación contra la corrupción.

La Asamblea Nacional (AN) de mayoría oficialista aprobó en primera discusión la Ley Orgánica de Extinción de Dominio que establecería mecanismos que permitieran la “identificación, localización y recuperación” de bienes relacionados o derivados de actividades ilícitas y la extinción de derechos relativos al dominio de los mismos a favor de la República.

“La Extinción de Dominio es una fórmula jurídica que permite transferir al Estado la titularidad de los bienes relacionados con actividades consideradas como delito en la legislación contra la corrupción, la delincuencia organizada, el financiamiento al terrorismo, la legitimación de capitales y tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, aun cuando no se haya dictado sentencia en el proceso penal correspondiente”, expone un borrador de la legislación leído por el diputado chavista Diosdado Cabello.

De acuerdo al texto, la figura de extinción de dominio procede, mediante sentencia y sin contraprestación ni compensación “de ninguna naturaleza alguna” y “busca fortalecer las capacidades del Estado” para combatir actividades delictivas.

Explica, además, que la solicitud es formulada por el Ministerio Público y la resuelve un Tribunal de Control a través de un procedimiento “breve y simplificado”.

“Es importante resaltar que la propiedad privada adquirida legítimamente se encuentra reconocida como un derecho humano protegido por la Constitución y diversos tratados internacionales. Sin embargo, este derecho no es absoluto y no puede ser reconocido cuando se trate de bienes obtenidos producto de actividades ilícitas”, añade.

Según la Asamblea Nacional, una legislación de este tipo, constituye en otros países un mecanismo de respuesta “eficaz” contra el crimen organizado, porque “se enfoca exclusivamente en la persecución de toda clase de activos que integran la riqueza derivada de la actividad criminal”.

Cabello, considerado uno de los hombres claves del gobierno, precisó que la ley contempla que las personas que suministran información que contribuyan a la obtención de evidencias o pruebas para la declaratoria de extinción de dominio, podrá obtener un porcentaje del producto que el Estado obtenga por la liquidación comercial de los bienes.

Durante la sesión especial, Jorge Rodríguez, presidente de la AN advirtió el viernes a quienes estén incurriendo en actos de corrupción que “van a ir presos estén donde estén, sean quien sea, ejerzan el cargo que ejerzan, van presos”.

La propuesta presentada por Cabello surge en medio de un escándalo de corrupción en la industria petrolera relacionado con “operaciones paralelas” con cargas de crudo y por lo que al menos 20 personas, entre funcionarios públicos y empresarios, han sido detenidas e imputadas por varios delitos, entre ellos apropiación de patrimonio público y legitimación de capitales.

Esta semana el presidente Nicolás Maduro aseguró que actuará “hasta la profundidad más grande” contra los involucrados en la más reciente trama de corrupción en la estatal Petróleos de Venezuela y pidió a la fiscalía y otros organismos de investigación garantizar que los recursos “robados” sean reintegrados al Estado para invertidos en “programas sociales”.

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