El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó el miércoles la ley Renacer sobre Nicaragua, aprobada de manera bipartidista el pasado miércoles por el Congreso.
“La falsa elección de Nicaragua no fue ni libre ni justa, y ciertamente no fue democrática”, insistió un vocero de la Casa Blanca, citando al propio presidente Biden, en respuesta a la Voz de América.
La Ley Renacer, posibilita la imposición de sanciones al gobierno del presidente nicaragüense Daniel Ortega, para restringir los préstamos de los bancos multilaterales y “atacar la corrupción del régimen”, destacó el funcionario, por correo electrónico.
“La legislación transmite un mensaje contundente y nuevas herramientas para abordar el gobierno corrupto y autoritario de Ortega-Murillo y su intento de subvertir las aspiraciones democráticas del pueblo nicaragüense”, dijo.
Además, su declaración reafirma la postura de Washington en materia de derechos humanos: “Seguimos pidiendo la liberación incondicional de los contendientes presidenciales encarcelados, activistas políticos, periodistas, estudiantes, otros miembros de la sociedad civil y la comunidad empresarial detenidos en la actual ola de represión”.
Por otra parte, precisó que Washington continuará usando la diplomacia, acciones coordinadas con aliados y socios regionales, como sanciones y restricciones de visas, según corresponda, “para promover la rendición de cuentas de los cómplices en el apoyo a los actos antidemocráticos del gobierno de Ortega-Murillo”.
La Ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral, conocida como ley Renacer, establece medidas de presión y revisión de medidas económicas para presionar al gobierno de Daniel Ortega tras las elecciones del domingo, que el propio presidente Biden catalogó como una "pantomima" antidemocrática.
Entre esas medidas está la revisión del tratado de libre comercio CAFTADR, del que Nicaragua es signatario desde 2004.
La ley también propone sanciones específicas tras las elecciones y aborda la corrupción en el gobierno nicaragüense y la familia de Ortega, así como abusos a los derechos humanos cometidos por las autoridades de ese país, entre otras medidas.
Esta es la primera acción de la Casa Blanca en lo que adelantan funcionarios será una respuesta conjunta y coordinada con países aliados para dirigir una estrategia de presión contra el gobierno sandinista de Ortega.
Según funcionarios, no se descarta el anuncio de las primeras sanciones por parte de Washington, las cuales que han sido catalogadas por el gobierno de Ortega como intervencionistas y asegura no intimidarán el ejercicio de sus funciones en el poder.
También se espera que esta semana Estados Unidos recalque su posición junto a países de la región desde la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, que comenzó el miércoles.
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