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Bolivia suspende exportación de alimentos por protestas


Mineros de oro descansan sobre una barricada policial durante una protesta en las calles de La Paz, Bolivia, el 25 de octubre de 2022.
Mineros de oro descansan sobre una barricada policial durante una protesta en las calles de La Paz, Bolivia, el 25 de octubre de 2022.

El año pasado la nación andina generó ingresos por más de 1.500 millones de dólares por la exportación de soya, torta de soya, harina integral de soya, azúcar, aceite y carne de res, según datos oficiales.

El gobierno de Bolivia suspendió desde el jueves las exportaciones de seis alimentos para contrarrestar un paro indefinido que está en su sexto día consecutivo en Santa Cruz, el motor económico del país, en reclamo de un censo que le permitiría obtener mayor presupuesto y más escaños en el Legislativo.

“Se suspende temporalmente la exportación de soya, torta de soya, harina integral de soya, azúcar, aceite y carne de res”, informó en conferencia de prensa el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca.

La autoridad explicó que la medida será “hasta que se restituyan las condiciones de normal abastecimiento a toda la población boliviana”.

Santa Cruz, que es el principal productor de esos seis alimentos, mantiene desde el sábado una huelga con suspensión de clases y mercados cerrados. Movimientos sociales afines al partido de gobierno produjeron cortes de rutas que no dejan pasar alimentos a los mercados.

El año pasado la nación andina generó ingresos por más de 1.500 millones de dólares por la exportación de estos seis alimentos, según datos oficiales.

Los sectores productivos han pedido que la situación se normalice. En tanto, el presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz, Fernando Hurtado, exigió al gobierno del presidente Luis Arce que deje de alentar conflictos que afectan a la economía del país.

El paro fue convocado por el poderoso Comité Cívico -que es contrario al gobierno de Arce- y por el gobernador opositor Luis Fernando Camacho, quien ha responsabilizado al mandatario por aplazar hasta 2024 un censo que debía realizarse en noviembre de este año.

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Según analistas un nuevo censo le daría a Santa Cruz mayor representación legislativa y le permitiría tener más peso en las decisiones políticas. El gobierno de Arce busca demorar el empadronamiento para que la nueva redistribución de escaños en el Poder Legislativo no merme su fuerza política en las elecciones presidenciales de 2025.

Las autoridades afirman que “técnicamente” no es posible hacer el empadronamiento en 2023 como reclama Santa Cruz.

Otras regiones como Tarija también realizaron otro paro este jueves. En La Paz realizó una marcha la víspera con el mismo pedido. La protesta terminó en choques con sectores afines a Arce.

En Bolivia se mantiene una fuerte polarización desde la crisis política de 2019 cuando las elecciones de ese año fueron denunciadas de fraudulentas por la Organización de los Estados Americanos (OEA), lo que detonó un estallido social con 37 muertos que forzó la renuncia del entonces presidente Evo Morales. A ello se suman fuertes disputas en el interior del oficialismo.

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